Un juez federal de Washington determinó que el expresidente no cuenta con inmunidad presidencial por su discurso previo a los disturbios del 6 de enero de 2021.
El juez Amit Mehta dictaminó que las declaraciones emitidas por Donald Trump cerca de la Casa Blanca no están amparadas por la libertad de expresión de la Primera Enmienda ni forman parte de sus deberes oficiales. En un texto de 79 páginas, la autoridad judicial señaló que las palabras del mandatario fueron «plausiblemente» de incitación, lo que permite que las demandas civiles en su contra sigan su curso. El fallo enfatiza que el contenido de su intervención, donde instó a sus seguidores a «luchar como demonios», no puede considerarse un acto protegido por la inmunidad que otorga el cargo presidencial ante el asedio al Congreso.
Durante aquel mitin, Trump insistió en denuncias de fraude electoral y pidió a la multitud caminar hacia el Capitolio para presionar a los legisladores, asegurando que si no luchaban, «ya no tendrían país». Aunque el proceso penal federal en su contra se detuvo tras su victoria electoral en noviembre de 2024, la vía civil permanece abierta para que responda por los daños derivados del ataque. Esta resolución prepara el escenario para un posible juicio en el mismo tribunal donde anteriormente se le imputaron delitos por su conducta durante la jornada en la que se buscaba certificar los resultados de la elección de 2020.
La decisión judicial ocurre en un contexto donde el presidente Trump ya ha otorgado indultos a casi mil 600 personas procesadas por delitos vinculados a los hechos del 6 de enero tras retomar el poder en 2025. Los abogados de los demandantes celebraron el fallo como una victoria para el Estado de derecho, argumentando que reafirma que ningún ciudadano está por encima de la ley. Por su parte, la defensa del mandatario no logró demostrar que el discurso fuera una extensión de sus funciones institucionales, dejando la puerta abierta a litigios por responsabilidad civil.
El proceso continuará en las cortes federales para determinar las posibles compensaciones o sanciones derivadas de las acusaciones de incitación al ataque contra la sede legislativa.
