Quince estados de la Unión Americana intentan impedir que entre en vigor una norma que permitiría a cerca de 100 mil “dreamers” inscribirse para comprar seguro de gastos médicos subsidiados y obtener exenciones de impuestos.
Dichos estados presentaron una demanda contra el gobierno del presidente Joe Biden para evitar que las personas inmigrantes que llegaron a los Estados Unidos cuando eran niños, puedan inscribirse el próximo año en los mercados de seguros creados por la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA).
La norma entraría en vigor el 1 de noviembre, 4 días antes de las elecciones.
Los estados son Kansas, Dakota del Norte, Alabama, Idaho, Indiana, Iowa, Missouri, Montana, Nebraska, New Hampshire, Ohio, Carolina del Sur, Dakota del Sur, Tennessee y Virginia, cuyos fiscales generales son republicanos.
Argumentan que la norma infringe una ley de reforma a la asistencia pública de 1996, además de la ACA. También afirman que alentaría a más inmigrantes a ingresar a Estados Unidos de forma irregular, lo cual supondría una carga para los estados y sus sistemas de escuelas públicas.
“El seguro médico subsidiado a través de la ACA es una valiosa prestación pública que alienta a los beneficiarios extranjeros en situación irregular a permanecer en Estados Unidos”, señala la demanda.
Asimismo, acusan al presidente Joe Biden y a la vicepresidenta Kamala Harris de ser débiles a la hora de frenar la inmigración ilegal y los responsabilizan de que los cruces fronterizos hayan alcanzado máximos históricos durante su mandato.
“Los extranjeros ilegales no deberían tener vía libre para ingresar a nuestro país”, dijo en un comunicado el fiscal general de Kansas, Kris Kobach, quien es conocido en todo el país por imponer estrictas restricciones a los inmigrantes que viven en Estados Unidos de manera ilegal.
Incluso ayudó a redactar la disposición de Arizona apodada “muéstrame tus papeles” de 2010.
“Cuando (los inmigrantes indocumentados) llegan no deberían recibir prestaciones de los contribuyentes, y el gobierno Biden-Harris no debería tener carta blanca para infringir la ley federal”, agregó Kris Kobach.
Los estados demandantes argumentan que todos enfrentan mayores gastos debido al aumento de la inmigración ilegal, sin embargo, muchos economistas sostienen que los inmigrantes generan un beneficio económico para el país, e incluso impulsaron el crecimiento y evitaron la recesión tras la pandemia de covid-19.
Los “dreamers” no han podido ingresar a los programas de seguro médico subsidiados por el gobierno porque no cumplían con el requisito de tener una “presencia legal” en Estados Unidos.
Los estados demandantes dijeron que declarar legal su presencia amparándose en una norma es “ilógico per se”, ya que correrían el riesgo de ser deportados si el gobierno de Biden no interviniera en su favor.
Los defensores de los “dreamers” han dicho que son jóvenes que eran muy pequeños cuando llegaron a los Estados Unidos, por lo que no fue realmente su decisión ingresar de manera ilegal al país, y ahora están plenamente integrados en sus comunidades.
Estos estados han intentado demandar al gobierno de Biden anteriormente y han tenido dificultades para convencer a los jueces de que el perjuicio que enfrentan a consecuencia de una nueva norma es lo suficientemente directo, concreto y específico para darles el derecho a demandar.
De ellos, solo Idaho y Virginia gestionan sus propios mercados de seguros médicos en vez de depender de uno federal.
Con información de mexicanal.com
