Programa de parole humanitario de Biden, vigente para ciudadanos de Cuba, Nicaragua, Venezuela y Haití

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En una decisión clave para la política migratoria de Estados Unidos, el juez federal Drew B. Tipton confirmó el viernes pasado el programa de libertad condicional humanitaria impulsado por el presidente Joe Biden. Este programa permite la entrada al país de un máximo de 30,000 migrantes al mes procedentes de Cuba, Venezuela, Haití y Nicaragua por razones humanitarias.

El fallo del juez Tipton fue emitido en respuesta a una demanda presentada por estados liderados por republicanos, quienes argumentaban que el programa generaba una carga económica significativa. Según estos estados, el programa imponía costos crecientes en áreas como la atención médica, la educación y la seguridad pública.

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La decisión judicial a favor del programa de ‘parole’ humanitario preservó una política más amplia diseñada para alentar a los inmigrantes a utilizar vías legales para ingresar al país, respaldadas por la administración Biden.

La demanda, presentada por Texas y otros 20 estados, afirmaba que el programa obligaba a gastar millones en servicios para los inmigrantes admitidos. Por su parte, los defensores del programa argumentaron que estos migrantes contribuyen a aliviar la escasez de mano de obra, especialmente en sectores como la agricultura.

Desde su inicio en otoño de 2022, el programa ha permitido la entrada de más de 357,000 personas procedentes de los cuatro países mencionados. Los haitianos constituyen el grupo más numeroso, seguidos por venezolanos, cubanos y nicaragüenses.

El juez Tipton, nombrado por el expresidente Donald Trump, había fallado previamente en contra de la Administración Biden en otros casos migratorios. Sin embargo, en esta ocasión respaldó el programa de ‘parole’ humanitario.

La demanda no cuestionaba la aplicación de la libertad condicional humanitaria para los ucranianos que llegaron tras la invasión rusa, lo que destaca el enfoque selectivo de la acción legal.

Este fallo judicial se suma a los desafíos legales que enfrenta la Administración Biden en materia migratoria, destacando la complejidad y la controversia que rodean a este tema en el ámbito político estadounidense.

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