El Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia solicitó formalmente al gobierno de México información oficial respecto al estatus migratorio y jurídico del exvicepresidente Álvaro García Linera, quien confirmó su permanencia en territorio mexicano bajo la figura de asilo político. Mediante una comunicación diplomática emitida este jueves doce de noviembre, la cancillería boliviana requirió confirmar la existencia de dicha concesión de protección internacional, así como precisar sus alcances legales, reiterando su respeto a las decisiones soberanas de otros Estados conforme al derecho internacional.
Esta petición diplomática ocurre en el contexto de la reapertura de un proceso penal en La Paz contra García Linera y el expresidente Evo Morales, derivado de un operativo policial ejecutado en abril de dos mil nueve en un hotel de la ciudad de Santa Cruz. La semana pasada, la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia habilitó las actuaciones de la Fiscalía tras una denuncia presentada en octubre por la agrupación opositora Libre, mediante la cual se busca instaurar un juicio de responsabilidades por presuntas ejecuciones sumarias, detenciones ilegales y torturas en el denominado caso terrorismo.
En aquella intervención policial ocurrida hace diecisiete años fallecieron tres ciudadanos extranjeros y fueron capturados el croata-boliviano Mario Tadic y el húngaro Elöd Tóásó, a quienes la administración de Morales acusó de integrar una célula separatista que planeaba atentar contra el mandatario. Aunque el expediente fue cerrado en dos mil veinte durante el gobierno transitorio de Jeanine Áñez, un informe emitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en dos mil veintidós determinó la responsabilidad estatal de Bolivia por la violación a los derechos humanos de treinta y nueve personas procesadas en dicha causa.
La cancillería boliviana puntualizó que el eventual otorgamiento de asilo político por parte de las autoridades mexicanas no interrumpe ni suspende el curso de las investigaciones fiscales ni de los procedimientos jurisdiccionales abiertos en su país. Para Álvaro García Linera, esta representa su segunda estancia como asilado en México, luego de haber recibido ese mismo estatus el doce de noviembre de dos mil diecinueve tras renunciar a la vicepresidencia en medio de la crisis política suscitada por los comicios generales de aquel año.
