El último día de la semana pasada Salomé Zurabishvili, presidenta de Georgia, vetó la Ley Rusa o ley de agentes extranjeros como ya había anunciado una vez que fue aprobada por el parlamento gracias a los votos del partido Dream Georgia que cuenta con mayoría calificada. La aprobación del reglamento se produjo en medio de una oleada de protestas en las calles de la capital, Tiflis, sin precedentes.
La presidenta informó en sus redes sociales: “Hoy he vetado la ley rusa; una que, en esencia, contradice nuestra Constitución y todas las normas europeas y representa un obstáculo para el camino europeo”. Añadió que el veto “está legalmente justificado” y que el sábado fue enviado al parlamento. Una vez en el parlamento, todo indica que los representantes de Dream Georgia anularán el veto presidencial al contar con la mayoría que lo permite.
La Ley Rusa pretende señalar a los críticos del gobierno; obliga a medios de comunicación, organizaciones y asociaciones no gubernamentales que reciben el 20% de financiamiento extranjero a registrarse como “agentes que defienden los intereses de fuerzas extranjeras”, con la amenaza de cuantiosas multas en caso de no cumplir con el registro.
Según fuentes gubernamentales, la justificación para la aprobación de la ley reside en el principio de transparencia, pero los opositores al nuevo reglamento argumentan que es un pretexto para apoyar las políticas de Putin y alejar a Georgia de la Unión Europea.
En diciembre de 2023, Georgia recibió la aprobación como candidato a la Unión Europea. Tras la aprobación de esta ley, Ursula Von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, expresó su preocupación por el futuro del país: “Los ciudadanos de Georgia están manifestando su fuerte compromiso con la democracia, y su gobierno debería escuchar este mensaje claro: los georgianos quieren un futuro europeo para su país”.
