La Corte Penal Internacional (CPI) no ha tardado en responder a las descalificaciones y amenazas que ha recibido del gobierno de Israel y de sectores de Estados Unidos. El viernes pasado, el fiscal del tribunal, Karim Khan, denunció que amenazar a la institución de justicia con “represalias” merma su “independencia e imparcialidad” y “pueden constituir un delito”.
La reacción de Khan se produjo tras el llamado a través de la red social X del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, para que la comunidad internacional muestre su rechazo a la injerencia de la CPI para impedir su derecho a defenderse: “Israel espera que los líderes del mundo libre se opongan firmemente al escandaloso ataque de la CPI al derecho inherente de Israel a la autodefensa”.
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El mensaje circuló después de que prensa israelí e internacional informara que la CPI prepara órdenes de aprehensión contra Netanyahu y algunos miembros de su gabinete por acciones bélicas en contra del pueblo palestino.
El fiscal publicó el mismo viernes una nota que expone que “todos los intentos de impedir, intimidar o influir indebidamente en los funcionarios [de la CPI] cesen de inmediato” y agrega que esa amenaza “puede constituir un delito contra la administración de justicia bajo el artículo 70 del Estatuto de Roma”, acuerdo sobre el que se fundó la CPI que no ha sido suscrito por EEUU e Israel.
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La Agencia EFE indica que el tratado de Roma “prohíbe explícitamente” “tomar represalias contra un funcionario de la Corte por cuenta de los deberes realizados por ese u otro funcionario” e “impedir, intimidar o corromper a un funcionario de la Corte con el propósito de obligarlo o inducirlo a no cumplir, o realizar de manera indebida sus deberes”.
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El fiscal de la CPI subraya que su equipo de trabajo “busca comprometerse constructivamente con todos los interesados siempre que dicho diálogo sea coherente con su mandato”, pero para eso exige respeto a la independencia que en estos momentos está en riesgo ante a la amenaza de represalias.
Con información de EFE
