Un tribunal federal determinó de manera unánime que las reclamaciones del empresario resultaron extemporáneas debido al vencimiento del plazo legal de prescripción aplicable a los hechos.
El veredicto emitido por los integrantes del jurado en la corte de Oakland, California, eximió de responsabilidad a la compañía tecnológica OpenAI tras deliberar por un periodo menor a dos horas al término de once días de audiencias. La jueza de distrito Yvonne Gonzalez Rogers ratificó el dictamen procesal al señalar la existencia de bases probatorias sólidas que fundamentaban la desestimación inmediata de la causa por rebasar los tiempos determinados por la legislación civil. Los representantes legales del demandante manifestaron su derecho a promover un recurso de apelación, aunque la judicatura federal anticipó complejidades técnicas para revertir la resolución basada en la temporalidad de los actos.
La controversia jurídica inició en 2024 cuando el inversionista acusó a los directivos Sam Altman y Greg Brockman de inducirlo a realizar donaciones por 38 millones de dólares bajo premisas de corte altruista, para posteriormente incorporar un esquema comercial lucrativo en alianza con Microsoft. Los defensores de la empresa de inteligencia artificial argumentaron que la salida del demandante del consejo de administración ocurrió en 2018, fijando el inicio de las actividades comerciales de la corporación en 2019, por lo que las inconformidades debieron manifestarse de forma oportuna conforme a los plazos estatutarios. El equipo legal de OpenAI sostuvo que las operaciones de desarrollo tecnológico se mantuvieron apegadas a las normativas vigentes sobre propiedad intelectual y gestión de organizaciones sin fines de lucro.
Por su parte, el corporativo Microsoft emitió un pronunciamiento institucional celebrando el sentido del fallo y validando la cronología de los hechos asentados por el tribunal en el expediente de desestimación. Durante los alegatos de clausura, la defensa de Musk insistió en cuestionar la credibilidad financiera de los fundadores del proyecto y el presunto desvío de los objetivos de seguridad informática establecidos en las actas constitutivas de 2015. El resultado de este litigio civil concluye la primera fase de disputas corporativas en torno a los esquemas de financiamiento y la explotación comercial de los modelos algorítmicos generativos de la firma.
