La administración nacional dispuso restricciones de movilidad territorial e incentivos laborales para mitigar el impacto comercial.
El órgano judicial mantiene bajo custodia preventiva a la mayoría de las personas detenidas durante los altercados.
El ordenamiento de toques de queda parciales en sectores estratégicos del país figura como medida prioritaria para contener los actos vandálicos registrados tras las movilizaciones ciudadanas. La restricción del libre tránsito operará en polígonos específicos para resguardar el orden público, manteniéndose la opción de decretar el estado de emergencia general en caso de persistir las agresiones contra la infraestructura pública.
Para amortiguar los daños financieros causados a miles de establecimientos mercantiles afectados por los saqueos, el programa especial de apoyo al empleo contará con cobertura estatal total. Asimismo, los organismos de inteligencia y las fuerzas de seguridad iniciaron labores de identificación mediante registros en video para procesar a los responsables de los destrozos en la capital y otras metrópolis.
Las fiscalías competentes solicitaron prisión preventiva para la mayor parte de las personas presentadas ante el Ministerio Público tras las jornadas de protesta. Las dependencias de justicia continuarán desahogando los expedientes para fincar responsabilidades penales e impedir la alteración del entorno institucional.
