En un acto que marca un hito en la política migratoria, el gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, rubricó el lunes un conjunto de leyes antiinmigrantes, entre las cuales destaca la SB4, catalogada como una de las más rigurosas en la historia estadounidense. Esta normativa otorga a la policía la autoridad para detener y deportar a migrantes sin el debido proceso.
Con el telón de fondo de las obras del muro en la frontera entre México y Brownsville (Texas), Abbott firmó un paquete de tres leyes aprobadas en sesiones extraordinarias de la Legislatura.
Estas medidas son una respuesta directa a lo que el gobernador percibe como una política de «fronteras abiertas» por parte del presidente de Estados Unidos, Joe Biden.
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La SB4, considerada una de las leyes antimigrantes más severas, penaliza como delito menor el ingreso o intento de ingreso irregular al estado por parte de extranjeros. En caso de reincidencia, la falta se convierte en un crimen grave con una pena de hasta 20 años de prisión.
Esta ley facultaría a la justicia estatal a ordenar la expulsión sin un proceso judicial y otorga a los oficiales de policía la capacidad discrecional de arrestar y expulsar a México a cualquier individuo sospechoso de ingreso ilegal.
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Además de la SB4, Abbott firmó otros dos proyectos de ley, entre ellos la SB3, que destina 1.540 millones de dólares adicionales para la construcción del muro fronterizo y el financiamiento de operaciones de seguridad, incluyendo fondos para implementar la SB4 en los departamentos de policía.
Una de las leyes recién firmadas establece una pena mínima de 10 años para aquellos declarados culpables de tráfico de migrantes. En medio de la acción legislativa, Abbott arremetió contra el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reprochando la política que, según él, expone a los migrantes a torturas, violaciones y la muerte.
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A pesar de las críticas y el posible enfrentamiento legal, las medidas de Abbott le han permitido consolidar su poder y promover su agenda antimigrante a nivel nacional, desafiando al Gobierno de Biden. Abbott, gobernador desde 2015, enfrenta la perspectiva de impugnaciones federales y de grupos promigrantes como la ACLU de Texas y LULAC.
Estas disposiciones podrían generar descontento entre el considerable número de hispanos en Texas, aproximadamente 12 millones, constituyendo el 40.2 % de la población del estado.
Abbott, al firmar la ley, destacó que su objetivo es frenar la afluencia ilegal de extranjeros a Texas, señalando que durante la administración de Biden, han ingresado más de ocho millones de migrantes desde enero de 2021.
