La Fiscalía de Ecuador rechazó el jueves una acusación contra el diplomático mexicano Roberto Canseco por presunta interferencia en la justicia durante la operación policial en la embajada de México, y subrayó que, conforme al derecho internacional, disfruta de inmunidad.
La Fiscalía admitió que Canseco, como parte de la misión diplomática, está amparado por la inmunidad diplomática según el derecho internacional, lo que limita la capacidad de investigación de la Fiscalía.
#COMUNICADO | Respecto a la denuncia presentada contra un integrante de la misión diplomática mexicana en Ecuador, #FiscalíaEc informa a la ciudadanía. ⬇️ pic.twitter.com/zdxSXppsok
— Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) April 25, 2024
Según el portal de consultas de la Fiscalía de Ecuador, la denuncia fue presentada el 16 de abril en la Fiscalía provincial de Pichincha, cuya ciudad principal es Quito, por el licenciado Milton Castillo, un activista político que se postuló como candidato a la alcaldía de la capital ecuatoriana.
Canseco asumió el liderazgo de la misión diplomática mexicana en Ecuador después de la expulsión de la embajadora Raquel Serur por el gobierno del presidente ecuatoriano Daniel Noboa. Esta expulsión se produjo tras declaraciones de López Obrador que relacionaban el asesinato de un candidato presidencial con el triunfo de Noboa sobre la candidata correísta Luisa González.
En medio de esta crisis diplomática, el gobierno mexicano otorgó asilo a Glass, quien se encontraba en la embajada mexicana en Quito desde el 17 de diciembre de 2023, poniendo fin a la toma del edificio por parte de la policía ecuatoriana.
El asalto a la embajada, ocurrido la noche del 5 de abril, llevó al gobierno mexicano a romper relaciones con Ecuador y a denunciar al país andino ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya por considerar que violó el derecho internacional y su soberanía.
Por su parte, el gobierno ecuatoriano sostiene que México fue el primero en violar el derecho internacional al otorgar asilo a Glass, quien enfrenta cargos en tribunales ordinarios por delitos comunes, contraviniendo la Convención de Caracas sobre Asilo Diplomático.
