Desde el 12 de julio pasado, la Fiscalía, bajo la dirección de Consuelo Porras, ha desplegado diversas acciones legales con el propósito de revertir los resultados de las elecciones y cuestionar la victoria del presidente electo.
Hoy, puso en tela de juicio la validez de las elecciones que llevaron a la victoria al presidente electo Bernardo Arévalo de León este año
La Fiscalía, previamente acusada por Arévalo de León de orquestar un «golpe de Estado» en su contra, alega que las elecciones son inválidas debido a presuntas irregularidades administrativas cometidas por el Tribunal Supremo Electoral.
La fiscal Leonor Morales, en una conferencia de prensa, presentó la presunta invalidación de los resultados electorales, solicitando la anulación de las elecciones presidenciales, legislativas y municipales.
Morales argumentó que las actas electorales utilizadas en los comicios «son nulas de pleno derecho» ya que no contaban con la autorización inicial del Tribunal Supremo Electoral.
Se señaló como razón para la anulación la utilización de actas electorales no aprobadas originalmente por el tribunal.
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Andrea Zeceña, abogada y diputada electa del Movimiento Semilla, cuestionó en sus redes sociales la autoridad del Ministerio Público para declarar la invalidez de las elecciones.
En un giro adicional, el Ministerio Público ha presentado dos solicitudes de retiro de inmunidad contra Arévalo, investigándolo por presunto lavado de dinero y falsificación de documentos en la fundación de su partido, el Movimiento Semilla.
Estas acciones se suman a la serie de desafíos legales que enfrenta Arévalo, marcando la tercera solicitud de retiro de inmunidad en su contra.
