El embajador estadounidense Ronald Johnson respaldó el bloqueo financiero contra dos ciudadanos y nueve empresas que operaban un esquema de evasión fiscal y tráfico ilícito de hidrocarburos.
El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, reconoció la colaboración binacional que derivó en la imposición de sanciones financieras contra dos ciudadanos de nacionalidad mexicana y nueve corporaciones mercantiles presuntamente ligadas a la estructura del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). El diplomático precisó que la medida se fundamenta en una orden ejecutiva de la Administración del presidente Donald Trump orientada a combatir los canales de financiamiento de los grupos de la delincuencia organizada que operan de forma transfronteriza.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro detalló que los involucrados coordinaban una red delictiva dedicada a la adquisición de gasolina y diésel en territorio norteamericano para su posterior introducción ilegal al mercado mexicano. El mecanismo logístico utilizaba documentación aduanal apócrifa y empresas fachada para evadir las contribuciones fiscales correspondientes, logrando generar dividendos estimados en decenas de millones de dólares anuales destinados a robustecer los activos de la organización delictiva.
Entre las personas físicas designadas en la lista de restricciones figuran Óscar Guillermo Juraidini Silva, identificado como presunto operador financiero de la facción, y J. Refugio Ruiz Villagómez, este último vinculado a las firmas de transporte de carga Jomadi Logistics y Ahavat Logistics. Como respuesta inmediata a las determinaciones del gobierno estadounidense, el Gobierno de México procedió al congelamiento de los activos y cuentas bancarias de las personas señaladas en el sistema financiero nacional, en sintonía con la clasificación del grupo criminal como una de las organizaciones prioritarias para las estrategias de seguridad de ambos países.
