Estados Unidos respalda a su embajador en México ante la controversia por la Reforma Judicial de AMLO

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Estados Unidos expresó este miércoles su respaldo al embajador en México, Ken Salazar, tras sus declaraciones críticas sobre la polémica reforma judicial promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador. El jefe de la diplomacia estadounidense para América Latina, Brian Nichols, manifestó que comparten «las preocupaciones» expresadas por Salazar sobre las reformas constitucionales propuestas en México.

«Como socios y amigos, compartimos nuestras preocupaciones sobre las reformas constitucionales propuestas», publicó Nichols en la red social X, en referencia a la reforma que será discutida en la legislatura que comenzará el 1 de septiembre. Entre los cambios más controvertidos se encuentra la propuesta de elegir a jueces y magistrados por voto popular.

El lunes, el embajador Salazar había advertido que esta reforma «amenaza» la relación comercial entre ambos países y representa un «riesgo» para la democracia mexicana. Estas declaraciones llevaron al presidente López Obrador a emitir una nota diplomática en protesta por lo que calificó como una «declaración injerencista» del embajador. En respuesta, el mandatario anunció que pondría «en pausa» la relación con Salazar y la embajada de Canadá, que también ha expresado críticas hacia los planes de reforma en México.

«Es buena, pero está en pausa», afirmó López Obrador sobre la relación con Salazar, aclarando que no se trata de una «pausa» en las relaciones con el gobierno de Joe Biden, sino específicamente con la embajada de Estados Unidos hasta que se garantice el respeto a la independencia de México.

México es el principal socio comercial de Estados Unidos, y junto con Canadá, forman parte del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica (T-MEC). En 2023, el intercambio comercial entre México y Estados Unidos alcanzó los 745 mil millones de dólares, según datos oficiales.

El martes, un grupo de senadores estadounidenses se sumó a las críticas de Salazar, argumentando que los cambios propuestos a la Constitución mexicana «socavarían la independencia judicial» y pondrían «en peligro» los intereses económicos bilaterales.

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