En vísperas de la primera movilización en rechazo a las políticas de shock del gobierno ultraderechista de Javier Milei, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ha ratificado la aplicación del polémico protocolo para mantener «el orden público». Dicho protocolo, dirigido a reprimir cortes de calles y vías durante protestas y movilizaciones, será implementado con la presencia de policías, gendarmes, prefectos y seguridad Aeroportuaria.
La convocatoria para la movilización surge desde la Unidad Piquetera, que marchará este miércoles a la Plaza de Mayo en memoria de las víctimas de la represión ocurrida en el estallido social del 20 de diciembre de 2001. Este momento histórico estuvo marcado por un cacerolazo que inició el 19 de diciembre, en respuesta al anuncio del estado de sitio por parte del entonces presidente, Fernando de la Rúa, sumiendo al país en la mayor crisis de su historia.
Te puede interesar: Advierte Milei retirar apoyos sociales a participantes en protestas
Milei emite Decretos de Necesidad y Urgencia
Resulta destacable que Bullrich, quien ocupaba un cargo en el gobierno de De La Rúa en 2001, ha reafirmado la aplicación del protocolo, mientras que el presidente Milei continúa emitiendo Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), cuestionados por violar normas constitucionales y tratados internacionales al criminalizar la protesta social.
Además, se ha anunciado abiertamente la amenaza de espionaje contra dirigencias sociales, sindicales y políticas, acompañada de medidas internacionales que deterioran la política exterior, debilitando los esfuerzos de unidad latinoamericana y caribeña.
En el ámbito diplomático, la decisión de la canciller Diana Mondino, bajo la orden directa de Milei, de no designar embajadores en Cuba, Nicaragua y Venezuela, ha generado impacto a nivel nacional e internacional, afectando las relaciones con importantes países de la región.
Mientras tanto, en una decisión controvertida, el presidente Milei ha optado por enviar ayuda humanitaria a Ucrania, regalando dos helicópteros de fabricación rusa y dos barcos con alimentos. Este gesto contrasta con su actitud frente a la tragedia provocada por tormentas en la provincia de Buenos Aires, donde su respuesta ha sido vincular la resolución del problema a «los recursos existentes», desvinculando al Estado de su responsabilidad.
En respuesta a las medidas represivas, el gobierno de la provincia de Buenos Aires, liderado por la Unión por la Patria, ha declarado que no aplicará el protocolo de Bullrich contra la marcha, denunciando la criminalización de la protesta. El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, expresó que «lo que se ha hecho sobrepasa un límite que hemos tenido todos estos años de democracia».
Finalmente, Bullrich ha amenazado con detener a personas que viajen en trenes para asistir a la marcha, anunciando requisas y la toma de fotografías, acciones que han suscitado comparaciones con épocas de dictadura militar.
