La agricultura y la ganadería en la Unión Europa están en crisis.
El 24 de enero estalló una movilización de agricultores franceses a la que siguieron protestas en otros países de la Unión como Alemania, España, Grecia, Italia, Países Bajos, Polonia, Portugal, Rumanía.
Las movilizaciones han sacado a las carreteras europeas tractores y maquinaria agrícola, cortado accesos a las principales ciudades y vías de comunicación, bloqueado puertos, asediado el Parlamento Europeo sobre el que han lanzado huevos y otros objetos.
La causa es el hartazgo e impotencia ante las asfixiantes regulaciones a las que la Unión Europea somete a los productos del campo obstaculizadas además por una burocracia excesiva. El cultivo de todo lo asociado con el campo representa el 1,4% del PIB de la Unión Europea. En términos absolutos no es especialmente significativo. La amenaza reside en la capacidad de movilización del sector como ha demostrado. El estallido se debe a las importaciones a bajo costo de productos procedentes de Ucrania que provocaron bloqueos en las fronteras. Las manifestaciones ante los gobiernos nacionales y el gobierno europeo incrementan a diario generando una presión insostenible debido al aumento de la violencia.
Desde que se firmó el tratado de Maastricht en febrero de 1992, inició la injerencia de Bruselas en las actividades agrícolas de los diferentes países. Según las regiones, se erradicaron viñedos, limitaron a cuotas de producción lechera, se sacrificaron animales, se fijaron las toneladas de legumbres, frutas, cereales. La intención era una explotación racional del campo europeo que volviera competitivos los productos en el mercado común. En apenas tres décadas, las políticas destinadas al sector primario han entrado en crisis.
El cambio climático, la ecología y la sostenibilidad del medio ambiente han sido factores decisivos para aumentar una normativa y regulación de difícil cumplimiento amenazando la supervivencia de pequeños propietarios. Los grandes productores han optado por trasladar su explotación agrícola a otros países como el norte de África, donde los productos no están regulados y los precios son más competitivos. Se multiplican incendios y los periodos de sequía son más extensos afectando a la producción. El Pacto Verde Europeo es otro foco de tensión al incluir un impuesto al carbono, restricciones a emisiones de nitrógeno y al uso de agua y tierra, prohibición de terminados pesticidas y fertilizantes que aumentan el costo de la producción.
A raíz de la guerra entre Ucrania y Rusia se han disparado los precios de las energías, los fertilizantes y el transporte. La reacción de los políticos de Bruselas ha consistido en reducir el precio de los productos ya en el mercado que ha generado aumento de la inflación. Eurostat indica que entre el tercer trimestre de 2022 y el tercer trimestre de 2023 los precios han caído un 9%.
La Unión Europea reaccionó a estas demandas el 31 de enero al anunciar un aplazamiento en el cumplimiento de las normas relativas al suelo y la biodiversidad, y al suprimir la obligación de mantener en barbecho una porción de las tierras de cada propietario. Así mismo informó la suspensión de los derechos de importación sobre las exportaciones ucranianas hasta junio de 2025. A ello se agregan medidas adoptadas por los gobiernos de cada país dirigidos a subsanar reivindicaciones específicas.
En estos momentos, el campo europeo sigue reclamando otras concesiones oficiales.
Las elecciones al parlamento europeo se celebran en junio de este año. Todo indica que Bruselas cederá a las pretensiones de la gente del campo, pero una vez realizadas se volverá a instalar la incertidumbre. Los partidos europeos de extrema derecha defienden las demandas de los agricultores por lo que se prevé un aumento de su representación en el parlamento europeo.
