Defensores de los migrantes han expresado su rechazo al proyecto de ley de control fronterizo que será sometido a votación esta semana en el Senado estadounidense. Consideran que la propuesta, parte de un paquete de ayuda militar de más de 118 mil millones de dólares, representa un «retroceso» a las políticas fallidas del Gobierno Trump y excluye a indocumentados que llevan años en el país.
La iniciativa bipartidista, programada para votación el próximo miércoles, cuenta con el respaldo de la Casa Blanca y forma parte de un paquete que incluye fondos para Ucrania, Israel y Taiwán. Sin embargo, críticos, incluyendo la Unión Americana por los Derechos Civiles (ACLU), han advertido que reviviría las políticas migratorias de Trump, dificultando la solicitud de asilo y permitiendo expulsiones sin el debido proceso.
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Anthony Romero, director ejecutivo de ACLU, señaló que este acuerdo obligaría al gobierno a expulsar a personas de la frontera sin el debido proceso, restringiendo las vías legales para aquellos que más las necesitan. También se critica que el plan hace más difícil la solicitud de asilo y agiliza los procesos en las cortes de migración, que ya enfrentan un atasco de más de tres millones de casos.
El presidente Joe Biden ha instado a aprobar la propuesta, argumentando que le otorgaría nueva autoridad de emergencia para cerrar la frontera cuando esté abrumada. Sin embargo, las críticas no solo provienen de defensores de migrantes, sino también de su propio partido. El senador demócrata Alex Padilla advirtió que el acuerdo incorpora una versión fallida de la política de inmigración de la era Trump, causando más caos en la frontera y contradiciendo tratados y obligaciones internacionales.
Fernando García, de la Red Fronteriza por los Derechos Humanos, considera que el proyecto es el «último intento de desmantelar el sistema de asilo» sin abordar las causas fundamentales de la migración. Críticos también señalan que se olvida de los más de once millones de indocumentados que Biden prometió respaldar.
El proyecto necesita 60 votos en el Senado, pero enfrenta desafíos significativos en la Cámara de Representantes. El liderazgo republicano la ha rechazado por no ser lo suficientemente estricta, pronosticando que será una «pérdida de tiempo». Benjamín Johnson, director de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración, sugiere que aunque no es una solución integral, podría ser un inicio para abordar los retos en la frontera sur y la necesidad de una reforma más amplia.
