El Salvador se prepara para unas elecciones cruciales este domingo, marcando la primera vez que el país llevará a cabo comicios presidenciales y legislativos simultáneamente desde 2009.
Sin embargo, este evento se desenvuelve en un ambiente de graves violaciones a los derechos humanos y un notorio deterioro del estado de derecho, el 4 de febrero de 2024, los ciudadanos salvadoreños tendrán la responsabilidad de elegir presidente, vicepresidente y diputados/as de la Asamblea Legislativa. Además, el 3 de marzo se llevarán a cabo elecciones para alcaldes y diputados al Parlamento Centroamericano.
En los últimos años, El Salvador ha sido testigo de un alarmante deterioro en su sistema democrático, una situación acentuada bajo la administración del presidente Nayib Bukele. Desde su asunción al cargo en 2019, se ha observado una serie de acciones y políticas que han generado inquietudes tanto a nivel nacional como internacional.
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Uno de los aspectos más preocupantes es la concentración de poder en manos del ejecutivo. Bukele ha buscado y logrado un control considerable sobre las instituciones gubernamentales, debilitando así los tradicionales contrapesos democráticos.
La destitución de jueces de la Corte Suprema y la Asamblea Legislativa, así como la consolidación de un bloque legislativo afín al presidente, han levantado serias interrogantes sobre la separación de poderes en el país.
Otro foco de preocupación radica en el ámbito de los derechos humanos. Organizaciones internacionales y defensores de los derechos civiles han expresado inquietudes acerca de presuntas violaciones a los derechos fundamentales, incluyendo la libertad de expresión y el derecho a la protesta pacífica. La militarización de ciertos aspectos de la administración pública también ha suscitado preocupaciones sobre posibles abusos de poder.
En el terreno electoral, se han implementado cambios y reformas que generan controversia. La eliminación de magistrados del Tribunal Supremo Electoral ha despertado dudas sobre la imparcialidad del proceso electoral.
Recordemos también que en este marco, se suscitó una situación extraordinaria donde el mandatario actual solicitó una licencia para postularse como candidato por el Partido Nuevas Ideas, agrupación que él mismo fundó tras su separación de las filas del Frente Sandinista. Este hecho es notable, considerando que la Constitución salvadoreña prohíbe expresamente la reelección, a pesar de ello, se plantea como aspirante a la reelección.
La polarización política ha aumentado, creando un ambiente tenso que dificulta el diálogo y la construcción de consensos.
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A medida que El Salvador se encamina hacia unas elecciones cruciales, el deterioro de la democracia plantea desafíos significativos para el futuro del país. La comunidad internacional sigue de cerca estos acontecimientos, manifestando preocupación por la salud de las instituciones democráticas en la nación centroamericana.
La ciudadanía salvadoreña, así como la comunidad internacional, observarán de cerca este proceso electoral, esperando que se desarrolle de manera transparente y respetando los principios fundamentales de la democracia. El resultado de estas elecciones no solo determinará el liderazgo del país, sino también podría tener implicaciones significativas para la estabilidad política y la preservación de las instituciones democráticas en El Salvador.
