El presidente Rodrigo Paz emitió un decreto ejecutivo para extender la vigencia de los precios actuales de los hidrocarburos, tras las movilizaciones sociales de mayo y junio que exigían su dimisión.
El gobierno de Bolivia oficializó la extensión por un semestre adicional del congelamiento en los precios de la gasolina, el diésel y el gas licuado en todo el territorio nacional. El vocero de la presidencia, José Luis Gálvez, detalló en conferencia de prensa que la disposición modifica un decreto previo con la finalidad de mantener la estabilidad operativa en el mercado energético interno. Bajo este lineamiento técnico, el precio por litro de gasolina se fijó en 6.96 bolivianos, mientras que el litro de diésel permanecerá tabulado en 9.80 bolivianos, deteniendo de manera temporal los esquemas de ajuste semestral que habían sido proyectados en la estrategia financiera original del Poder Ejecutivo.
La medida representa un freno a la reforma estructural iniciada el pasado mes de diciembre, cuando la administración central determinó retirar casi la totalidad de los subsidios estatales a los carburantes con el propósito de mitigar la erogación de divisas de la hacienda pública. Las autoridades operativas se encuentran ejecutando planes de contingencia para regularizar los canales de suministro y distribución de los insumos, cuya cadena logística sufrió afectaciones tras los bloqueos carreteros registrados en los meses de mayo y junio. Analistas en materia económica precisaron que la persistencia en la importación de combustibles ejerce presión sobre las reservas internacionales del Banco Central, en un contexto marcado por la iliquidez de moneda extranjera en los mercados financieros locales.
Por su parte, exfuncionarios del sector energético y analistas como el exministro de Hidrocarburos, Álvaro Ríos, cuestionaron la viabilidad fiscal de la prórroga, calificándola como un movimiento de contención política. El especialista argumentó que la decisión obliga al Estado a absorber una brecha económica deficitaria, al adquirir los hidrocarburos a costos de mercado internacional significativamente mayores en comparación con las tarifas de venta asignadas al consumidor final. La medida mantendrá su vigencia regulatoria mientras las comisiones gubernamentales evalúan los indicadores de inflación y el impacto de los subsidios en el presupuesto general de la nación para el próximo periodo evaluatorio.
