CIUDAD DE MEXICO.- Una polémica propuesta presupuestaria del gobierno federal amenaza con debilitar la defensa comercial del país. Se planea un severo recorte del 39% a los recursos de la Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales, dejándola con un presupuesto de apenas 62 millones de pesos, una medida que especialistas advierten va en contra del T-MEC.
Un Recorte Crítico a la Defensa Comercial
El plan gubernamental contempla una drástica reducción en el financiamiento para la entidad encargada de proteger a la industria nacional de la competencia injusta. La Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales vería su presupuesto reducido en un 39%, una cifra que ha generado una profunda inquietud en el sector productivo y entre analistas económicos.
Con solo 62 millones de pesos asignados, la capacidad operativa de esta unidad estratégica quedaría seriamente comprometida. Esta oficina es fundamental para iniciar y conducir investigaciones sobre importaciones que se realizan en condiciones de dumping o que reciben subsidios, prácticas que dañan directamente a los productores locales al distorsionar el mercado nacional.
Advertencia de Especialistas: Peligra el T-MEC
Expertos en comercio exterior han sido claros en su advertencia: este ajuste presupuestario es contrario a los principios y obligaciones establecidos en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). El acuerdo comercial se basa en reglas claras y en la capacidad de los países miembros para defenderse de prácticas desleales, algo que este recorte pone en jaque.
La principal preocupación es que un presupuesto tan limitado impida a la unidad realizar las complejas y costosas investigaciones necesarias para documentar y sancionar el comercio desleal. Sin estas herramientas de defensa, las empresas mexicanas quedarían expuestas y sin un mecanismo efectivo para competir en igualdad de condiciones, tal como lo estipula el tratado comercial.
El futuro de esta asignación presupuestal aún está por definirse, pero la alerta de los especialistas subraya el riesgo de debilitar un pilar fundamental de la política comercial del país. La decisión final podría tener implicaciones directas no solo para la industria nacional, sino también para la credibilidad de México como socio comercial dentro del T-MEC.
