CIUDAD DE MÉXICO.- La Comisión Federal de Electricidad (CFE) se encuentra en una situación crítica, enfrentando una avalancha de demandas laborales acumuladas durante el último año. Este conflicto amenaza con generar un severo «cortocircuito» en las finanzas y la operatividad de la empresa productiva del Estado, encendiendo las alarmas en el sector energético nacional.
Millones en juego por reclamos
Fuentes cercanas al proceso revelan que los litigios son variados, abarcando desde presuntos despidos injustificados y violaciones a los contratos colectivos hasta la falta de pago de prestaciones. Cientos de ex trabajadores y empleados activos exigen la correcta liquidación conforme a la ley, el pago de horas extras no cubiertas y la restitución de beneficios que, argumentan, fueron eliminados de forma unilateral y arbitraria. La cifra total reclamada ya asciende a varios millones de pesos.
El Sindicato, entre el apoyo y la cautela
La situación ha generado una notable tensión dentro del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM). Mientras algunas secciones sindicales han mostrado un respaldo abierto a los demandantes, la dirigencia nacional ha optado por un llamado a la calma y al diálogo directo con la administración de la CFE, que encabeza Manuel Bartlett. Esta división interna complica la búsqueda de una solución negociada y empuja más casos hacia los tribunales.
Riesgo para la operación de la paraestatal
Analistas del sector energético advierten que este conflicto legal no es un asunto menor. Si los fallos judiciales resultan mayoritariamente en contra de la CFE, la empresa se vería forzada a realizar desembolsos millonarios en indemnizaciones. Este escenario podría comprometer seriamente el presupuesto destinado a proyectos clave de modernización y mantenimiento de la red eléctrica nacional, afectando la calidad del servicio a largo plazo y generando incertidumbre entre inversionistas.
Actualmente, la dirección de la CFE ha comunicado que su equipo jurídico se encuentra revisando y atendiendo cada una de las demandas presentadas ante las autoridades laborales competentes. No obstante, el volumen creciente de los litigios mantiene en estado de alerta a la administración, que trabaja a marchas forzadas para desactivar esta bomba de tiempo financiera y evitar que el conflicto escale a un problema operativo mayor para la compañía eléctrica.
