El juicio de Sean “Diddy” Combs por su presunta participación en una red de tráfico sexual fue programado para el 5 de mayo de 2025, según lo determinado el jueves. Durante la audiencia, un fiscal afirmó que los abogados del magnate del hip hop, actualmente encarcelado, están intentando descartar una “prueba incriminatoria”, argumentando que fue filtrada por el gobierno.
La Fiscal Federal Adjunta, Emily Johnson, respondió a las acusaciones de la defensa durante la primera comparecencia de Combs ante el Juez Arun Subramanian, de la Corte Federal de Manhattan, quien supervisará el juicio. La madre de Combs viajó desde Florida para estar presente, acompañada por sus hijos y otros familiares que se sentaron en la galería.
Johnson refutó los argumentos de la defensa, que había presentado el miércoles por la noche. Los abogados de Combs alegaron que el Departamento de Seguridad Nacional filtró un video a los medios de comunicación, que mostraba al rapero golpeando y pateando a su exnovia y protegida, la cantante de R&B Cassie, en un pasillo de un hotel en Los Ángeles en 2016. CNN transmitió el video en mayo, lo que según la defensa generó una «publicidad perjudicial» que podría sesgar al jurado e impedir un juicio justo.
No obstante, Johnson instó al juez a desestimar las afirmaciones de la defensa, tachándolas de «infundadas» y asegurando que solo eran un intento de excluir una prueba clave. «Ninguna de las supuestas filtraciones proviene de miembros del equipo de la fiscalía», añadió Johnson.
A pesar de ello, el juez Subramanian solicitó al abogado defensor, Marc Agnifilo, redactar una orden que obligaría a ambas partes a cumplir con las normas que les prohíben divulgar información públicamente que pueda influir en los miembros del jurado. Esta orden también limitaría lo que ambas partes podrían decir en público sobre el caso, algo que Johnson consideró necesario tras las declaraciones de Agnifilo en una entrevista con TMZ, donde describió las acusaciones como un “intento de derribar a un hombre negro exitoso”.
Combs, de 54 años, ha negado los cargos de conspiración para crimen organizado y tráfico sexual. Se le acusa de haber abusado de mujeres durante años, con la colaboración de una red de asociados y empleados, utilizando métodos de chantaje y violencia para silenciar a las víctimas, que incluyen secuestros, incendios provocados y agresiones físicas.
