La Fiscalía General de la República, a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional en Querétaro, inició una carpeta de investigación contra el cantante de música regional mexicana Gabito Ballesteros y cuatro personas más tras su detención en el marco de la Feria Internacional Ganadera de Querétaro. La indagatoria federal se abrió por la probable comisión de los delitos de portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, además de desobediencia y resistencia de particulares, luego de que elementos de la Policía Estatal pusieran a los imputados a disposición del Ministerio Público Federal.
De acuerdo con los datos asentados en el Informe Policial Homologado, el aseguramiento se efectuó en las instalaciones del Centro Expositor de la feria, momento en que los agentes estatales observaron a los cinco sujetos —identificados oficialmente como Gabriel N, Omar N, Jorge N, Flavio N y Jaime N— abordar una camioneta en cuyo interior se encontraba visible un artefacto bélico. Durante la inspección preventiva realizada a la unidad motriz, las fuerzas de seguridad decomisaron una pistola, dos cargadores y treinta y cuatro cartuchos útiles.
El incidente policial tuvo lugar tras la suspensión de la presentación musical del intérprete durante la noche del trece de noviembre en el mismo recinto ferial. La cancelación del espectáculo ocurrió después de que las autoridades locales y organizadores interrumpieran el audio del escenario ante el presunto incumplimiento de la normativa estatal que prohíbe la apología del delito mediante la interpretación de narcocorridos no autorizados en el repertorio previo, situación que derivó en controversia pública respecto al desarrollo del evento.
Actualmente, la representación social de la federación en la entidad ejecuta las diligencias ministeriales y periciales pertinentes para esclarecer los hechos y verificar si alguno de los cinco detenidos cuenta con la licencia oficial vigente para la portación del armamento incautado. En tanto se agota el plazo constitucional para definir su situación jurídica ante un juez de control, los implicados permanecen bajo resguardo ministerial en estricto apego al principio de presunción de inocencia
