En el patio del Antiguo Palacio del Ayuntamiento, el líder del Gobierno capitalino, Martí Batres, anunció la publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México de la Reforma al Código Penal que criminaliza la corrupción en el ámbito inmobiliario.
Explicó que el artículo 276 Quater sanciona a los funcionarios públicos que, por acción u omisión, consientan la construcción de edificaciones o la adición de pisos adicionales no autorizados, incumpliendo los requisitos establecidos en la legislación vigente.
Hoy celebramos que entra en vigor la reforma al Código Penal que castiga la corrupción inmobiliaria. Este es un gran triunfo para todas las personas que habitan la Ciudad de México ¡Enhorabuena y felicidades! pic.twitter.com/zEZUhSgs7Y
— Martí Batres (@martibatres) April 16, 2024
Batres subrayó que permitir la construcción descontrolada de pisos adicionales conlleva la reducción del suministro de agua, el aumento de los costos de suelo y vivienda, así como mayores riesgos para la seguridad estructural. Enfatizó en la importancia de seguir los protocolos establecidos para evitar tragedias como derrumbes durante sismos o incidentes como la perforación de infraestructuras clave como el Metro.
El jefe capitalino mencionó el caso del «cártel inmobiliario» de Benito Juárez como ejemplo, donde ex funcionarios de la alcaldía, junto con familiares y socios, facilitaron ilegalmente la construcción de pisos excedentes a cambio de sobornos o propiedades en las edificaciones. Señaló que se han identificado 130 obras irregulares en la demarcación, con órdenes de aprehensión emitidas y detenciones realizadas.
Ulises Lara López, en representación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, explicó que la Reforma al Código Penal establece penas de 10 a 20 años de prisión para quienes incurran en corrupción inmobiliaria, con agravantes cuando se obtienen beneficios económicos ilícitos.
La reforma, según Lara López, proporcionará a los fiscales herramientas más sólidas para investigar y enjuiciar estos delitos, con el objetivo de desmantelar redes de corrupción en las 16 alcaldías de la ciudad.
El funcionario detalló que la fiscalía ha confiscado más de 60 propiedades relacionadas con estas actividades corruptas, principalmente en las alcaldías Benito Juárez, Álvaro Obregón y Coyoacán.
