Instituciones de salud y profesionales médicos aclaran que los protocolos de emergencia priorizan la preservación de la vida, señalando que la desinformación frena el índice de trasplantes en el país.
El Centro Nacional de Trasplantes (CENATRA) y diversos comités de bioética médica reiteraron que la idea de que el personal de urgencias reduce los esfuerzos de reanimación en pacientes registrados como donadores es un mito carente de viabilidad clínica y legal. Los protocolos internacionales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) establecen que la prioridad absoluta e inmediata ante el ingreso de un paciente en estado crítico o politraumatizado es su estabilización y supervivencia, proceso en el cual los equipos de choque operan sin revisar el estatus civil o las identificaciones de las personas.
La activación de un proceso de procuración de órganos requiere el cumplimiento estricto de una cadena de variables médicas y jurídicas reguladas por la Ley General de Salud. En primer lugar, un candidato potencial a donación debe contar con un diagnóstico certificado, unánime e irreversible de muerte encefálica, una condición clínica donde las funciones neurológicas han cesado por completo y los órganos se mantienen viables únicamente de forma artificial. Asimismo, la legislación mexicana estipula que la decisión final recae en los familiares directos, quienes deben otorgar su consentimiento informado mediante firma legal, independientemente de los documentos que haya portado el paciente en vida.
Los comités especializados enfatizan que los mitos arraigados en el imaginario colectivo y la desconfianza institucional constituyen el principal obstáculo para el crecimiento de la cultura de la donación, manteniendo a México con una de las tasas de procuración más bajas a nivel global. El rezago administrativo y la falta de registros voluntarios provocan que anualmente miles de pacientes en estado terminal fallezcan mientras permanecen en las listas de espera de un órgano compatible. Las autoridades sanitarias exhortan a la población a informarse a través de canales oficiales para contrarrestar los prejuicios que limitan las alternativas de preservación de la vida tras el deceso.
