A solo dos semanas de las elecciones presidenciales, las oficinas del Instituto Nacional Electoral (INE) enfrentan un desafío crucial: la escasez de supervisores y capacitadores electorales. Este déficit, que se ha identificado como una preocupación de primer orden, plantea interrogantes sobre la logística y eficacia del proceso electoral.
Según datos proporcionados por la Comisión de Capacitación y Organización Electoral, al 18 de mayo, se registraban 41 vacantes para supervisores y alarmantes 800 para capacitadores electorales. Estos roles son fundamentales en la preparación y desarrollo de las elecciones, abarcando tareas que van desde la ubicación e integración de casillas hasta la distribución de materiales y el seguimiento del proceso de votación.
Para hacer frente a esta situación, el INE está considerando varias opciones. La primera implica la contratación de supervisores y capacitadores locales para desempeñar funciones a nivel federal. La segunda opción contempla el uso de una lista de reserva, mientras que la tercera propone el apoyo de servidores locales sin formalizar contratos a nivel federal.
El cuarto escenario, más amplio, sugiere la inclusión de personal del órgano electoral en diversas capacidades, como integrantes del Servicio Profesional Electoral Nacional, personal administrativo y honorarios de distintas instancias del INE, así como colaboradores de Juntas locales y distritales.
Los consejeros del INE han reconocido que la falta de sueldos competitivos es una de las principales causas de esta abundancia de vacantes, señalando además la coincidencia de convocatorias con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) como otro factor contribuyente.
Ante este panorama, se espera que el INE apruebe prontamente un mecanismo efectivo para cubrir estas posiciones clave y garantizar la integridad y transparencia del proceso electoral en curso.
