Los gobernadores de los 32 estados de México han presentado un Amicus Curiae ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), expresando su preocupación por la posible eliminación de la prisión preventiva oficiosa. Este documento, dirigido a la presidenta del Alto Tribunal, Norma Piña Hernández, resalta las consecuencias que esta medida acarrearía, según los líderes estatales.
En el Amicus Curiae, los gobernadores solicitan a la ministra Piña Hernández mantener la supremacía constitucional sobre cualquier norma internacional, en referencia a una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que consideraron inconvencional la prisión preventiva oficiosa.
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Se destaca que los gobernadores coinciden en que la eliminación de esta medida tendría un grave impacto en la seguridad pública. Argumentan que esta medida es vital para delitos de alto impacto y de clara repercusión social, que en su momento fueron considerados graves.
Además, señalan que la prisión preventiva oficiosa es una herramienta clave en la política de combate al crimen, permitiendo garantizar un adecuado proceso penal, proteger a las víctimas, evitar la impunidad y lograr la reparación de los daños causados por el delito.
Los gobernadores hacen un llamado a la SCJN para que considere sus argumentos, ya que la decisión sobre este tema impactaría directamente en la seguridad y gobernabilidad del país.
Cabe mencionar que la Corte tiene previsto discutir un proyecto que no solo propone inaplicar la prisión preventiva oficiosa, sino también negar órdenes de arraigo y ordenar investigaciones independientes en casos de denuncia de tortura, en los que no participen autoridades penitenciarias ni de detención.
En caso de aprobarse esta propuesta, tendría efectos generales y debería ser acatada por todos los jueces del país, tanto del fuero común como del federal.
El ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo ha presentado un proyecto a sus homólogos sobre cómo el Poder Judicial de la Federación debe participar en el cumplimiento de una sentencia condenatoria emitida por la Corte IDH en un caso contra México.
Pardo Rebolledo destaca que no se puede cuestionar la validez de las sentencias de la Corte IDH, ya que constituyen cosa juzgada para el Estado Mexicano, y lo procedente es acatar y reconocer la totalidad de la sentencia en sus términos.
