De acuerdo a la Agencia EFE, el pasado 30 de abril que Mike Johnson, legislador de Luisiana y presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, se refirió a las presuntas órdenes de arresto de funcionarios del gobierno de Israel, a petición del fiscal general de la Corte Penal Internacional (CPI), calificándolas de “ilegales” y “vergonzosas”.
Legisladores del Partido Republicano se dan a la tarea de organizar una serie de represalias legislativas en contra del (CPI) de La Haya. Las investigaciones de este tribunal hacia Israel y Palestina se remontan a 2014, después de recibir denuncias de crímenes de guerra contra Benjamín Netanyahu, primer ministro sionista.
Tras la ofensiva del ejército judío, después de que Israel sufriera los atentados del grupo terrorista Hamás, parece que se han reactivado esas denuncias a las que se agregan otras nuevas a raíz de los incesantes ataques de Israel a Gaza. Johnson advierte la amenaza que representa que la Corte Penal Internacional (CPI) actúe de manera independiente pues a causa de esta intervención judicial “la CPI podría crear y asumir poderes sin precedentes para emitir órdenes de arresto contra dirigentes políticos, diplomáticos y militares estadounidenses”.
Por su parte, el republicano Michael McCaul, presidente del Comité de la Cámara Baja de Asuntos Exteriores, declaró que trabaja en una propuesta de ley dirigida a sancionar a funcionarios de la Corte Penal Internacional CPI que investigan a Estados Unidos y sus aliados por presuntas violaciones del derecho internacional humanitario. El demócrata de California, Brad Sherman, dijo que “Estados Unidos debería considerar si seguimos como signatarios” en referencia al Estatuto de Roma que fundó la CPI en 2002; y a continuación añadió que “Tenemos que pensar acerca de discutir con algunos de los países que han ratificado [el estatuto] y ver si quieren apoyar a esa organización”.
La portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, afirmó que el presidente Joe Biden no contempla apoyar la investigación en curso de la Corte Penal Internacional (CPI) y duda de que tenga jurisdicción en este contexto.
