El presidente Andrés Manuel López Obrador expresó ayer sus dudas sobre la credibilidad moral del Departamento de Estado de Estados Unidos para emitir valoraciones acerca de la situación de los derechos fundamentales en otros países, especialmente considerando que es el principal suministrador de armamento de gran destrucción en el mundo, causante de la pérdida de vidas.
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En su conferencia matutina del día de hoy, el mandatario calificó como desvergonzada la postura de este organismo, que, tras aprobar políticas de tal magnitud, pretende fungir como juez en asuntos de derechos humanos, un hecho que considera sumamente grave.
López Obrador instó al Departamento de Estado a revisar la legitimidad de sus recomendaciones a otras naciones, argumentando que estas vulneran la soberanía de los pueblos. Enfatizó que no tienen autoridad para otorgar certificados de buena conducta.
Por tercer día consecutivo, sin necesidad de ser cuestionado, el presidente rechazó la posición del Departamento de Estado, desacreditando su informe como algo «anacrónico y obsoleto», emitido desde 1977 con el propósito de informar al Senado sobre el comportamiento de las naciones.
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Lamentó que desde la década de 1960, Estados Unidos no haya proporcionado recursos económicos a los países latinoamericanos, limitándose principalmente a asistencia militar, como en el caso de México con la Iniciativa Mérida.
Además, señaló que en lugar de abordar las causas subyacentes de la migración en la región, Washington destina grandes sumas de dinero a países como Israel o Ucrania, en un acuerdo bipartidista que, en su opinión, refleja una doble moral estadounidense.
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El presidente expresó su deseo de que Estados Unidos cambie su política exterior, considerándola desfasada y perjudicial tanto para los pueblos como para ellos mismos. Además, cuestionó la fiabilidad de los datos utilizados por el Departamento de Estado, sugiriendo que provienen de fuentes no confiables y hostiles.
«Desearía con toda mi alma que cambiaran esa política exterior, porque no hace bien a los pueblos, pero tampoco a ellos les ayuda. Es una política caduca, añeja, anacrónica, que tiene más de 200 años».
