Comuneros de San Miguel del Monte, en el municipio de Morelia, están demandando que la Comisión Nacional de Agua (CNA) revoque la concesión otorgada a un particular que controla el manantial La Mina, vital para el abastecimiento de agua en la localidad. Desde hace medio año, los residentes no reciben una sola gota de agua.
Los manifestantes se congregaron en las inmediaciones de la delegación de la CNA en Morelia, donde el representante comunitario, Ramón Velázquez, sostuvo una reunión con un funcionario del departamento legal. En dicha reunión, se explicó que la revocación de la concesión es improbable debido a su reciente otorgamiento, con una validez de 10 años y acceso a 25 millones de metros cúbicos de agua, además de haber sido aprobada conforme a la normativa y con el respaldo del jefe de la tenencia.
Se planteó la necesidad de seguir un procedimiento legal para evaluar la viabilidad de tomar medidas. A pesar de que el manantial se encuentra en la parte alta de la comunidad, desde hace seis meses, coincidiendo con el inicio de la operación de la empresa, el suministro de agua se ha reducido significativamente, llegando solo durante la noche. Esto se debe a que la corriente que proviene del manantial y pasa por la propiedad del empresario es desviada, extrayendo al menos 60 pipas de agua diarias para su venta a desarrollos residenciales de lujo en la zona de Altozano, a un costo de 800 pesos por pipa. Los residentes también sospechan que se está vendiendo agua para uso agrícola.
Los responsables de este acuerdo, según los manifestantes, son el delegado de la CNA, Jesús Camacho Pérez; el propietario de la empresa Comercializadora Bicentenario, Miguel Ángel Prado; y el jefe de tenencia Leopoldo Campusano. Esta decisión ha dejado sin agua a más de 2 mil 500 habitantes de la comunidad.
Cabe destacar que las montañas del sur de Morelia, donde se encuentran las tenencias Jesús y San Miguel del Monte, así como el Cerro del Águila, han sufrido daños graves debido a la tala ilegal y cambios en el uso del suelo, principalmente en la última década.
En gran parte de esta zona, se han destruido cientos de hectáreas de bosque para dar paso a desarrollos residenciales de la firma Altozano, que incluyen un campo de golf y cultivos de aguacate y fresas. Lo que alguna vez fue un área cubierta de bosques, arroyos y manantiales, ahora ha desaparecido en gran medida.
Esta crisis hídrica ha llevado al cierre de la clínica local y podría obligar al cierre de las escuelas también.
«Es triste ver cómo el agua se ha privatizado y cómo nuestra comunidad no es una prioridad. Las autoridades locales estaban al tanto de la concesión desde hace años, y aún así, no se nos informó adecuadamente», enfatizó Velázquez, líder del comité de defensa del agua.
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