El ex procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, ha abandonado la Torre Médica de Tepepan para encarar los procesos legales en prisión domiciliaria, luego de que un Tribunal Federal modificara su medida cautelar el pasado 4 de abril.
#ÚLTIMAHORA | Jesús Murillo Karam deja Torre Médica Tepepan para enfrentar proceso en prisión domiciliaria https://t.co/f7tdQZjyBi
— Milenio (@Milenio) April 13, 2024
Bajo la nueva disposición, Murillo Karam estará bajo la vigilancia constante de la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República (FGR). Se le prohíbe el contacto con personas relacionadas con el caso y se llevará un registro de sus visitantes.
El tribunal consideró innecesaria la portación de un brazalete electrónico y la confiscación de sus bienes como medida de resguardo.
Este cambio en la medida cautelar se da en el contexto del proceso legal que enfrenta Murillo Karam por presunta responsabilidad en casos de tortura, incluyendo el caso de Felipe Rodríguez Salgado, conocido como El Cepillo, señalado como sicario de ‘Guerreros Unidos’ y relacionado con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Tanto el recurso de revisión incidental 28/2024 como la modificación de la medida cautelar en el primer proceso por los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de la justicia, se han fundamentado en el estado de salud delicado de Murillo Karam, quien supera los 75 años y padece una enfermedad grave.
Medidas de seguridad
- NO utilizará brazalete electrónico.
- Vigilancia permanente al domicilio del exprocurador por parte de autoridades federales.
- El exfuncionario no saldrá de su domicilio a menos que sea una emergencia médica.
- Registro de todas las personas que visiten a Jesús Murillo, entre ellas sus abogados y médicos.
- El extitular de la extinta PGR no podrá contactar a las víctimas de tortura en el caso Ayotzinapa.
- Entrega del pasaporte y visa del imputado.
- La emisión de una alerta migratoria para evitar su salida del país.
El exfiscal está señalado como uno de los creadores de la «verdad oficial», una narrativa del Gobierno de Peña Nieto que afirmaba que agentes policiales corruptos arrestaron a los estudiantes y los entregaron al grupo criminal Guerreros Unidos, que los ejecutó y quemó en un vertedero de basura en Cocula, situado en Guerrero.
