Agustín Caso Raphael, quien se desempeñaba como auditor especial de Desempeño, fue destituido de su cargo por David Colmenares, titular de la ASF, este martes. La destitución ocurre tras las declaraciones de Caso ante diputados hace un mes, donde reveló que la ASF eliminó del análisis de la Cuenta Pública 2022, la evaluación correspondiente a la política educativa.
La salida de Caso ha generado rumores sobre su posible reemplazo por Arely Gómez, quien fungió como procuradora y titular de la Función Pública durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Sin embargo, estas especulaciones aún no han sido confirmadas oficialmente.
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La controversia no es nueva para Caso Raphael, quien en la Cuenta Pública de 2019 estimó en 331 mil 996 millones de pesos el costo por la cancelación del aeropuerto de Texcoco. Tras críticas directas del presidente Andrés Manuel López Obrador, la ASF rectificó la cifra alegando un error por parte del auditor, lo que llevó a una investigación interna que finalmente no arrojó resultados en su contra.
Recientemente, el 7 de marzo, Caso informó en una sesión con la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados que enfrenta cuatro procedimientos de responsabilidad administrativa por su auditoría a la obra en Texcoco. En esa misma reunión, la diputada María Elena Pérez Jaén solicitó investigar una posible obstrucción a la fiscalización por parte de Colmenares Páramo, quien habría ocultado resultados de auditorías de la Cuenta Pública de 2020.
La admisión de Caso Raphael sobre la exclusión de la auditoría de la política educativa del programa anual ha llevado a acusaciones contra Colmenares Páramo por parte de legisladores de distintos partidos, quienes lo señalan de impedir la adecuada revisión del gasto público y de manipular la información desde la planeación de las auditorías.
En respuesta a su destitución, Caso Raphael ha anunciado su intención de emprender acciones legales, argumentando que su remoción se realizó de manera arbitraria e ilegal, al no demostrarse ninguna de las causales previstas en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.
