El presidente de España, Pedro Sánchez, anunció el lunes pasado que el Consejo de Ministros iniciará el proceso de eliminación de las visas doradas, otorgadas mediante inversiones en viviendas de más de medio millón de euros en el país ibérico. Esta medida tiene como objetivo desvincular la residencia en España de inversiones financieras millonarias, priorizando el acceso a la vivienda como un derecho fundamental y no como un mero negocio especulativo.
Las visas doradas, conocidas por su requisito de invertir al menos medio millón de euros en propiedades inmobiliarias, serán objeto de estas acciones regulatorias. Según Sánchez, el 94% de estos visados están asociados a inversiones en bienes raíces, concentrándose mayormente en la capital y las ciudades costeras, así como en las Islas Baleares. Esta concentración ha exacerbado las tensiones en el mercado inmobiliario, dificultando la adquisición de viviendas dignas para los residentes locales.
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Esta medida se suma a los esfuerzos del gobierno español por mejorar el acceso a la vivienda, que incluyen un incremento significativo en la inversión estatal destinada a este fin. Además de la inversión en inmuebles, los extranjeros no residentes en la Unión Europea podrán acceder a la residencia mediante inversiones en activos financieros o proyectos empresariales, siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos.
La decisión de eliminar las visas doradas llega después de que en mayo de 2020 el expresidente de México, Enrique Peña Nieto, obtuviera una de estas visas por la compra de un local comercial en el barrio de Chamberí, valorado en más de 500 mil euros. Este caso, junto con el creciente interés de fortunas latinoamericanas en España, ha destacado la necesidad de revisar y reformar este sistema de visados.
El fenómeno de inversión extranjera, particularmente de latinoamericanos, ha convertido a Madrid en un destino atractivo, ganándose la reputación de ser la «Miami europea». Si bien esta medida representa un cambio significativo en la política de inmigración y residencia en España, se espera que contribuya a mitigar las presiones en el mercado inmobiliario y promueva un acceso más equitativo a la vivienda en el país.
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