En una decisión mayoritaria, la Cámara de Diputados ha aprobado una reforma al Código Penal Federal y a la Ley General de Salud, estableciendo penas de dos a seis años de prisión para aquellos que administren Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual y la Identidad de Género (Ecosig), comúnmente conocidos como terapias de conversión. Esta medida busca prevenir prácticas que limiten el desarrollo libre de la orientación sexual, identidad o expresión de género de cualquier individuo.
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Con un respaldo de 267 votos a favor, 104 en contra y 33 abstenciones, se ha dado luz verde para penalizar en todo México a quienes intenten modificar la orientación sexual de las personas, con multas que oscilan entre mil y dos mil veces el valor diario de la Unidad de Medida. La reforma ha recibido apoyo de legisladores de Morena, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano (MC), mientras que los votos en contra provinieron principalmente del Partido Acción Nacional (PAN).
La legislación también contempla sanciones más severas en casos donde la víctima sea menor de edad, adulto mayor, tenga alguna discapacidad o exista una relación con el agresor, duplicando las penas. Asimismo, se prevé la suspensión del ejercicio profesional por períodos de dos a tres años para los profesionales de la salud, técnicos o asistentes que participen en estas prácticas.
María del Rocío Banquells, diputada de Movimiento Ciudadano (MC), destacó el respaldo de su partido a esta medida, subrayando que se trata de un fortalecimiento de los Derechos Humanos y que la diversidad sexual es una condición humana, no una ideología. En contraste, Margarita Zabala, diputada del PAN, expresó preocupación por la posible criminalización de los padres que buscan orientar a sus hijos conforme a valores familiares y personales, una opinión compartida por el diputado Gabriel Cuadri, también del PAN, quien argumentó que la reforma podría implicar la persecución de diversos actores sociales, incluyendo padres de familia, médicos, maestros, entrenadores, pastores y sacerdotes.
Esta decisión legislativa refleja un paso significativo hacia el reconocimiento y la protección de los derechos de las personas LGBTQ+ en México, así como una postura clara contra prácticas que atenten contra su dignidad y libertad.
