Tortura crimen organizado a transportistas en Guerrero

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De acuerdo con reportes de la Fiscalía General de la República (FGR), de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), de la Guardia Nacional, así como del gobierno de Guerrero, las organizaciones delictivas se disputan la venta de droga, trata, robo de transporte de carga, extorsiones a comercios, así como recursos económicos destinados para la reconstrucción de Acapulco por los daños causados por Otis.

El Gobierno Federal, así como el de Guerrero, reconocen la presencia del Cártel Independiente de Acapulco (CIDA), grupo surgido tras la muerte de Arturo Beltrán Leyva, “El Barbas”, en diciembre de 2009 en Cuernavaca, Morelos durante un operativo de la Marina.

La presencia de la Guardia Nacional no ha evitado los asesinatos y la inseguridad. De acuerdo con la base de homicidios preliminares cometidos en el país de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), entre el 4 de noviembre de 2023 y el 12 de febrero de 2024 se tienen documentados 68 asesinatos.

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El cobro de extorsiones de entre 5 mil y hasta 25 mil pesos llevó, hasta hace algunas semanas, al cierre o quema de establecimientos. En enero pasado el servicio de transporte público fue suspendido por el cobro de piso de integrantes del crimen organizado a los dueños de camiones, así como a choferes de taxis.

La práctica de la tortura y otros tratos o penas crueles inhumanos o degradantes, según la CNDH, se configura como una de las formas más graves de violación a derechos humanos de las personas privadas de la libertad, toda vez que atenta contra su dignidad, causando daños físicos y psicológicos.

Según la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco) de Acapulco, las pérdidas económicas por extorsiones del crimen organizado en los últimos seis días alcanzan los 400 millones de pesos.

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