En contra de los procedimientos del parlamento español, ayer se tramitó y aprobó la ley de amnistía impulsada en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), JuntsxCat (Junts, partido catalán conservador e independentista) y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC, partido catalán de izquierdas e independentista).
Contrario a los procedimientos porque la ley no fue admitida hace unas semanas en el Congreso de los Diputados y la normativa impide que la misma ley rechazada por mayoría absoluta pueda volverse a tramitar.
Sin embargo, la mesa directiva del parlamento tramitó este jueves la ley por mayoría de votos. La Ley de Amnistía aprobada por la Comisión de Justicia es un entramado legal para asegurar la impunidad de los involucrados en el proceso y declaración de independencia proclamada por el entonces presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont en 2017.
Inmediatamente después de la declaración, en aplicación del artículo 155 de la Constitución española, se disolvió el parlamento catalán. Los golpistas corrieron distinta suerte: unos fueron apresados por la justicia, juzgados y sentenciados a penas de cárcel y económicas; otros huyeron al extranjero, como Carles Puigdemont, en el maletero de un coche que se estacionó en la localidad belga de Waterloo.
A raíz de las últimas elecciones celebradas en julio de 2023, Pedro Sánchez, candidato del PSOE, formó gobierno con los votos de Junts a condición de aprobar la ley de amnistía para permitir el regreso a España de los fugados y asegurar el indulto de los sentenciados.
Se trata de una ley dirigida en exclusiva a asegurar la impunidad de los golpistas catalanes sobre los que recaen denuncias admitidas por los jueces de delitos relacionados con terrorismo, uso de violencia, malversación de caudales públicos y traición a la patria. Tras la aprobación de la ley, el ministro Félix Bolaños se felicitó por su aprobación, subrayando que contribuirá a normalizar las relaciones entre España y Cataluña.
Los representantes de Junts y ERC avisaron en la misma comparecencia que el siguiente paso es convocar a un referéndum de independencia. La premura en la tramitación de la ley para decretar una amnistía inconstitucional obedece a varias razones: impunidad de los independentistas asociado con del golpe de estado perpetrado en 2017; e inmunidad para Jordi Pujol, expresidente de la Generalitat durante 25 años, y su familia por corrupción institucional.
Esta ley ha desviado el foco de una trama de corrupción, el caso “Ábalos” que se conoció hace quince días que involucra al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, a su mujer, Begoña Gómez, al exvicepresidente del gobierno José Luis Ábalos, a la presidente del Congreso, Francina Armengol, a siete ministros y a varios presidentes de comunidades autónomas. La trama consistió en enriquecimiento indebido a causa de la compra de mascarillas durante la pandemia de la covid-19.
La documentación recabada por la guardia civil revela un sistema corrupto operado desde Moncloa que contaminó a la dirigencia y gobiernos del PSOE. En lo político, la ley de amnistía asegura unos meses en que Pedro Sánchez aprobará lo presupuestos de este año. Sin embargo, en caso de que cualquier juez español eleve al Tribunal Europeo una queja sobre la ley, se suspenderá en automático su aplicación, por lo que se presume que la ley de amnistía tiene los días contados.
En lo judicial, las actuaciones seguidas por la justicia a consecuencia del caso “Ábalos”, acosan al PSOE y a sus principales dirigentes que deberán sentarse en sede judicial.
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