A partir de 2021, las demandas contra deudores alimentarios no dejaron de escalar: pasaron de 17 mil 678 en 2020 a 23 mil 285 en 2021, para estabilizarse con 23 mil 856 en 2022 y saltar a 27 mil 071 en 2023.
Cuando alguien se niega a otorgar la pensión alimenticia, niega ese derecho a personas menores de edad, a jóvenes que estudian y a las mujeres que se han dedicado sobre todo al hogar y al cuidado de hijas e hijos, explica Rocío Corral, Directora General del Centro de Apoyo a la Mujer Margarita Magón, asociación que atiende casos de violencia contra las mujeres y violencia en el ámbito familiar.
Aunque los expertos advierten que este tipo de delitos puede esconder una “cifra negra” de denuncias no presentadas, las estadísticas oficiales revelan que cuatro estados del norte del país se colocaron en el deshonroso cuadro de honor de 2023: Chihuahua (2 mil 581), Tamaulipas (mil 829), Sonora (mil 807) y Baja California (mil 224).
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Tres entidades del Centro-Occidente figuran en esa lista: el “campeón” Estado de México (con 3 mil 27 casos), Guanajuato (2 mil 761) y Ciudad de México (con mil 021) completan el “top ten” junto a las sureñas Veracruz (mil 308) y Tabasco (mil 090).
El aumento de los deudores alimentarios se explica porque existe mayor difusión del tema, considera Corral. Existen elementos como las redes sociales o la tecnología que acercan a las personas a la información sobre derechos humanos y cómo acceder a ellos.
Especialistas afirman que “estamos frente a una crisis en el acceso a la justicia en materia familiar. Las determinaciones judiciales no son prontas, expeditas ni con perspectiva de género. La autoridad jurisdiccional favorece la violencia contra las mujeres. Es un círculo vicioso en el que ellas son víctimas”, denuncia Corral.
