Durante la «mañanera» en el Palacio Nacional, Pablo Gómez, encargado de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), ofreció una actualización sobre el proceso legal en contra de Genaro García Luna, ex titular de seguridad pública en México. Las ramificaciones financieras son de gran envergadura: el gobierno está reclamando la suma de 634 millones de dólares debido a 30 acuerdos fraudulentos vinculados a un consorcio empresarial denominado Grupo Weinberg.
Aunque Florida no será el ámbito para examinar la validez de estos contratos, serán objeto de escrutinio bajo la jurisdicción mexicana. El punto crucial aquí radica en que, a través de fondos obtenidos de manera ilícita en México, se concretaron otros contratos en Estados Unidos.
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Estos pagos se canalizaron a través de la Secretaría de Gobernación, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), y la Oficina de Asuntos de Derechos Humanos y Política Social (OADPRS), así como la Secretaría de Seguridad Pública en colaboración con la Policía Federal.
Previo a este anuncio, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) había mencionado que el gobierno exigía la devolución de 700 millones de dólares, una cifra superior a los 634 millones mencionados en la actualización de la UIF.
Hasta la fecha, se han asegurado 19 propiedades pertenecientes a García Luna y sus supuestos cómplices. Gómez destacó que se ha logrado recuperar la suma de 2 millones de dólares mediante una resolución judicial.
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Desde el año 2018 hasta la fecha, la UIF ha presentado un total de 540 denuncias ante el Ministerio Público y ha iniciado acciones legales de manera reactiva en 205 casos.
