Pobladores de la Selva Lacandona, en Chiapas, se han visto obligados a cerrar accesos, cancelar reservaciones y tomar medidas extremas de seguridad debido al control ejercido por grupos criminales en la pista de aterrizaje de Bonampak. Esta situación ha llevado al cierre de importantes zonas arqueológicas como Yaxchilán, que solían recibir cerca de 100 mil turistas anualmente, así como la suspensión de actividades turísticas como los recorridos en lanchas por el río Usumacinta y las visitas al Centro Ecoturístico Escudo Jaguar.
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Francisco Centeno Cruz, prestador de servicios turísticos en la región, lamenta la suspensión de operaciones de su cooperativa, Siyaj Chan, que durante 16 años proporcionó servicios de guía en Yaxchilán y recorridos de observación de vida silvestre en la Selva Lacandona. La inseguridad generada por extorsiones y el cobro de piso del crimen organizado ha paralizado estas actividades.
Los habitantes de Frontera Corozal han decidido proteger a los turistas cerrando accesos, cancelando reservaciones y estableciendo retenes de vigilancia, para evitar exponerlos a la violencia de los criminales. Sin embargo, esta situación está generando una fuerte crisis económica en la región, afectando a comercios y familias enteras que dependen del turismo nacional y extranjero.
En Bonampak, una de las joyas arqueológicas de la civilización maya, se ha instalado un campamento de antropología enviado por la UNESCO debido a la creciente inseguridad. A pesar de la presencia del Ejército mexicano y la Guardia Nacional, así como la apertura oficial de la zona arqueológica, las agencias de viajes han cancelado los recorridos turísticos, lo que ha impactado negativamente en la economía local.
Las autoridades comunales denuncian que la zona ha estado amenazada durante meses por grupos criminales, como La Cabra de Cabrero Segundo López, quienes controlan la pista de aterrizaje de Bonampak y otras áreas donde aterrizan avionetas cargadas con drogas desde Sudamérica. Incluso se han reportado intentos de asesinato contra representantes de autoridades tradicionales en la región.
La crisis de seguridad en la Selva Lacandona representa un serio desafío para las autoridades locales y nacionales, así como para los habitantes y empresarios que dependen del turismo para su sustento económico. La falta de visitantes y el cierre de actividades turísticas están generando una asfixia económica que requiere una pronta y efectiva respuesta por parte de las autoridades competentes.
