La violencia se ha desbocado una vez que empezaron las precampañas y amenaza con derramar sangre en todo el territorio nacional.
En las elecciones de 2021 fueron asesinados 102 personas, de las que 36 eran candidatos; Rubén Aguilar indica 29 hombres y 7 mujeres. Diferentes analistas pronostican que el número de homicidios políticos rebasará la centena en 2024. Olivia Vázquez Herrera en Infobae registra las muertes violentas en la actualidad de Ricardo Taja, aspirante a diputado federal por Morena; Alfredo Giovanni Lezama, precandidato a una diputación local por el PAN; David Rey González Moreno, postulado a la alcaldía de Suchiate, Chiapas, por el Frente Amplio; Sergio Hueso, contendiente a la alcaldía de Armería, Colima, por MC; Miriam Ríos Ríos, activista del colectivo LGTB y comisionada municipal de Jacona, Michoacán, candidata a regidora por ese mismo municipio; Samantha Gómez Fonseca, precandidata al Senado por Morena; Marcelino Ruiz Esteban perdió la vida junto a su esposa, Guadalupe Guzmán Cano, Marcelino aspiraba a la alcandía de Atlixac y Guadalupe era consejera estatal del PRD; y José Alejandro Naredo García, dirigente municipal del PRD en Cuitláhuac, Veracruz.
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Hace unas pocas horas se ha conocido la muerte de Juan Pérez Guardado, director de Desarrollo Social del ayuntamiento de Fresnillo, Zacatecas; también se ha informado el secuestro esta mañana de Julián López Galena y Deyanira Uribe, dirigentes de Movimiento Ciudadano.
La violencia es imparable. Es fácil atribuirla a las campañas políticas. Sin dudad el proceso electoral motiva al crimen organizado para situar a sus peones a costa de la vida de adversarios. Pero esta avalancha de inseguridad no es únicamente consecuencia de las elecciones. Sus causas se remontan al inicio del sexenio cuando el Presidente declaró que su política de seguridad se resumía en “abrazos y no balazos”.
La negligencia del gobierno para enfrentar a las bandas criminales se traduce en absoluta inacción tanto de las policía municipales y estatales como del ejército y la guardia nacional. El país se ha militarizado pero no para velar por la integridad de los ciudadanos. Se han dado casos tan grotescos como el enfrentamiento del ejército con pobladores soslayando cualquier contacto con criminales. No ha faltado que algunas comunidades se hayan tomado la justicia por propia mano exterminando a los delincuentes. López Obrador en el mejor de los casos ha ofrecido protección a precandidatos y candidatos después de cumplimentar un estricto protocolo. Nada de cambiar su estrategia de seguridad.
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Todo indica que el número de homicidios y agresiones en este proceso no tendrá precedentes. A pesar de las evidencias, la inacción gubernamental parece sugerir algo más que fe en la manera de enfrentar al crimen organizado. El goteo de muertes aumenta día a día. La indiferencia del Presidente comienza a ser preocupante. Los candidatos que inicien sus campañas tienen un porcentaje nada desdeñable de ser asesinados o heridos en el ejercicio de sus derechos políticos. Una candidatura es también un boleto a la otra vida.
A los candidatos, además de exigirles un buen desempeño en una competencia democrática, se les pide que arriesguen su vida. El crimen organizado además de matar candidatos está matando la democracia. Es legítimo pensar que después de las elecciones aumentará la presencia del crimen en ayuntamientos, gobiernos estatales y gobierno federal. México si no es un narco estado amenaza con serlo a la vuelta de la esquina.
