El pasado 30 de enero el Ejecutivo Federal, a través de la titular de SEGOB, Luisa María Alcalde, presentó una solicitud de juicio político contra Crescencio Contreras Martínez, Juez de Distrito en Tamaulipas, quien fue señalado por haber puesto en libertad a un líder del Cártel del Golfo, José Alberto García Vilano alias “La Kena” o “Ciclón 19”.
¿Por qué?
La resolución a favor de García Vilano es particularmente sensible para México, pues se trata de uno de los capos más buscados por la DEA, inculpado de varios delitos, pero sobre todo, responsable de un caso que tensó las relaciones entre México y Estados Unidos, cuando recientemente el país del norte se pronunció a favor de la necesidad de una intervención de las Fuerzas Armadas estadounidenses contra los carteles mexicanos, postura que AMLO calificó de amenazante para la soberanía del país.
El capo era oficialmente buscado por la Fiscalía de Matamoros desde marzo de 2023 por secuestro, aunque especialmente, por ser el jefe de los sicarios que privaron de la libertad a cuatro ciudadanos estadounidenses, el año pasado, en Matamoros. Diez meses después de aquel secuestro, la detención quedó concretada.
A principios de este año, García Vilano también fue asociado con el secuestro de una treintena de migrantes. Al concretar su captura, las autoridades encargadas de impartir justicia han decidido dejarlo en libertad.
¿Quién?
El juez señalado por otorgar esa libertad, Crescencio Contreras Martínez (nombrado ya por algunos medios mexicanos “narcojuez”), se ha defendido tan solo unas horas después de que el Ejecutivo le dijera que someterá a juicio político sus acciones: dijo que es culpa de la Fiscalía General de la República (FGR) al no darle pruebas suficientes para concretar el auto de formal prisión, no teniendo otra salida que absolver de culpabilidad al capo.
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Crescencio Contreras Martínez se graduó en Derecho por el Centro Universitario de Ixtlahuaca, ha continuado su educación con una maestría en Derecho Procesal Penal en el Instituto de Estudios Superiores en Derecho Penal. También cuenta con doctorado en Derecho en la misma institución educativa y una maestría en Competencia Constitucional y Ordinaria en la Escuela Federal de Formación Judicial.
Además de su labor como juez, Contreras Martínez ha compartido sus conocimientos como docente en el Sistema de Justicia Penal, la Secretaría de Seguridad Pública de Baja California Sur y la Secretaría de Marina Armada de México.
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Tan solo unas horas después de la solicitud de juicio político, Contreras Martínez, a través de las redes sociales de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, presentó un comunicado donde, entre otras cosas, responsabiliza a la FGR de su forma de accionar y le dice al Ejecutivo que es el Consejo de la Judicatura Federal, y no el Presidente, quien debe juzgarlo, pues sostuvo, esta forma de proceder atenta contra la autonomía del Poder Judicial en el país.
Posicionamiento del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Tamaulipas, a comunicado de la Secretaría de Gobernación.#BoletínInformativo #JUFED pic.twitter.com/tPlVCEinL7
— Juzgadoras y Juzgadores Federales (@jufed_org) January 31, 2024
En una revisión en el Consejo de la Judicatura Federal de las sentencias del juez Crescencio Contreras Martínez en Reynosa, cuyos registros van de julio a noviembre de 2023, de las 27 sentencias disponibles, ninguna ha sido absolutoria. Además, en su mayoría se trata de casos de personas detenidas por portación de armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y sólo en 2 de ellos se trató de tráfico de sustancias.
¿Contra quién?
De avanzar el juicio contra Crescencio Contreras Martínez, hoy todavía discutido en la Cámara de Diputados para determinar si, como órgano acusador, se turna al Senado (órgano de sentencia), el caso se convertiría en uno hito, desde el Ejecutivo federal, contra funcionarios públicos que beneficien al crimen organizado en el país. “¿Contra quiénes sí y contra quiénes no?” y “¿México respaldado (o presionado) por quién?” serán interrogantes que, como ciudadanía, tendremos que responder. Y, en su caso, también señalar.
Con información de El País y Animal Político
