El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que no concederá clemencia a Mario Aburto Martínez, autor confeso del asesinato del candidato presidencial priista Luis Donaldo Colosio, ya que considera este magnicidio como un «tema de Estado».
De esta manera, el mandatario mexicano respondió a la solicitud de Luis Donaldo Colosio Riojas, alcalde de Monterrey e hijo del difunto candidato presidencial priista, quien ayer solicitó el indulto para el asesino de su padre.
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«Ningún delito debe quedar sin castigo, pero en casos como este, mucho menos, porque estamos hablando de la estabilidad política, estamos hablando de la violencia que afecta a todo un país, se trata de un líder, un candidato a la Presidencia de la República (…) Esto es un asunto de Estado, por lo general las normas en el lenguaje del poder son que los crímenes de Estado nunca se esclarecen«, expresó durante la conferencia matutina en Palacio Nacional.
«No debemos decir ‘ya vamos a darle vuelta a la página’. También quiero aprovechar para responderle al hijo de Luis Donaldo, que me pide que yo lo indulte, quiero decirle que no puedo hacerlo. Sé que él y sus familiares ya no quieren saber nada de este asunto que fue terrible, pero se trata de un asunto de Estado«, indicó.
«En lo que a mí corresponde, no dejaré de investigar, no voy a cerrar este caso de manera precipitada», agregó.
El presidente mexicano rechazó el martes que se utilice el magnicidio de Colosio Murrieta con fines políticos, «menos aún con fines partidistas».
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«No estoy cerrado, no tengo la intención de utilizar una situación tan lamentable con fines políticos, mucho menos con propósitos partidistas», señaló. «Es importante que no haya impunidad si se trata de un delito que, según la Fiscalía, tiene alguna relación con una institución del Estado», argumentó.
El alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas, pidió el lunes al presidente López Obrador que indultara a Mario Aburto, el asesino confeso de su padre del mismo nombre, asesinado en marzo de 1994. Colosio Riojas solicitó «cerrar el caso», que ha cobrado relevancia porque la Fiscalía General de la República (FGR) busca reabrir el caso con el argumento de que hubo un crimen de Estado desde el Gobierno de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) que involucró a agentes del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).
