En Ginebra, Suiza, México se sometió al Examen Periódico Universal (EPU) 2024, enfrentándose a la revisión de más de 100 países que conforman el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Esta cuarta participación del Estado mexicano en el evento internacional destacó por recibir más de 300 preguntas y recomendaciones, superando las 264 de la edición anterior en 2018.
Entre los principales temas abordados se encuentran la creciente militarización y el papel de la Guardia Nacional, agresiones a periodistas y defensores de derechos humanos, violencia contra mujeres, y vulneraciones a los derechos de personas migrantes y solicitantes de refugio.
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La preocupación
La comunidad internacional expresó preocupación por el uso de las fuerzas armadas en detenciones, desapariciones y desapariciones forzadas cometidas por agentes del Estado, así como la discriminación hacia personas afrodescendientes. Organizaciones civiles, representadas en el Colectivo EPUmx, señalaron una insuficiencia en los esfuerzos institucionales, resaltando la falta de avances significativos en los últimos cinco años del gobierno de López Obrador en relación con recomendaciones previas.
Destacó la inquietud internacional sobre la militarización, tema no mencionado en el EPU 2018, con países como Gran Bretaña y Nueva Zelanda cuestionando directamente el plan del Ejecutivo para «desmilitarizar» la vida pública y la Guardia Nacional. La insistencia mexicana en la naturaleza «civil» de esta entidad fue criticada por colectivos de derechos humanos.
El representante de Turquía hizo un llamado para que el uso del Ejército no obstruya la transparencia y el respeto a los derechos humanos. Además, se expresó inquietud por el aumento del uso de fuerzas armadas en diversos sectores de la vida pública, especialmente en la detención de personas migrantes.
Otro aspecto resaltado fue la discriminación hacia personas afrodescendientes, una preocupación que no había sido mencionada en ediciones anteriores del EPU. Los estados miembros instaron a México a adoptar acciones de respeto y reconocimiento a los pueblos indígenas y afrodescendientes.
Se hicieron señalamientos por la persistencia de altos niveles de impunidad en materia de justicia y la falta de una estrategia para abordarla. Sin embargo, cabe destacar la ausencia de representantes de la Fiscalía General de la República, del Poder Judicial, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y del Congreso mexicano en la delegación mexicana, dejando sin respuesta preguntas cruciales sobre el progreso en la procuración de justicia tras la reforma que dio lugar a la actual FGR.
