El Gobierno de Colombia, liderado por el presidente Gustavo Petro, ha emitido un decreto el domingo para extender por seis meses el alto el fuego con las disidencias del Estado Mayor Central (EMC) de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Esta medida se enmarca en la tercera ronda de negociaciones para la paz, programada hasta el 20 de enero, abordando temas como la liberación de secuestrados y la protección del medio ambiente en las áreas afectadas por el conflicto.
El comunicado del Alto Comisionado para la Paz en Colombia establece la prórroga del Cese al Fuego Bilateral y Temporal de carácter Nacional con impacto Territorial (CFBTNT) desde el 16 de enero de 2024, hasta el 15 de julio de 2024. El objetivo es fortalecer las reglas de protección a la población civil, en concordancia con la Ley 2272 de 2022, que considera las políticas de paz como «una política de Estado.»
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La extensión busca alcanzar una «paz estable y duradera, con garantías de no repetición y de seguridad para todos los colombianos,» evitando la impunidad y asegurando los derechos de las víctimas a la verdad, justicia y reparación.
En el marco de esta prórroga, se ha ordenado la suspensión de acciones policiales y operaciones militares ofensivas contra los miembros del EMC que participan en el proceso de paz. Esta medida busca consolidar los esfuerzos por una paz duradera, contando con el respaldo de la ONU, según el jefe de la Misión de Verificación en Colombia, Carlos Ruiz Massieu, quien ha expresado su apoyo en redes sociales.
La prorroga
El anuncio de la prórroga se realiza un día antes de la expiración del alto el fuego, decretado el 16 de octubre, coincidiendo con la instalación de una Mesa de Diálogos de Paz entre las partes involucradas. Mientras el Gobierno colombiano avanza en negociaciones con el EMC y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), persisten desafíos como los secuestros, si bien los diálogos con el ELN han contribuido al alivio humanitario en las regiones más afectadas.
