La organización civil Causa en Común lanzó una denuncia el día de hoy, señalando que el Gobierno mexicano y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) no han proporcionado información sobre si han acatado la orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de desmilitarizar la Guardia Nacional y restituirle el mando civil.
En un comunicado emitido, la organización recordó que en abril pasado, la SCJN declaró inválido un decreto que formalmente militarizó a la Guardia Nacional, una fuerza de seguridad creada en 2019 por el presidente Andrés Manuel López Obrador con la promesa de mantenerla de carácter civil.
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La Suprema Corte instruyó al Congreso y al Ejecutivo Federal a devolver la operación y administración de la Guardia Nacional a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Sin embargo, Causa en Común, una entidad que examina políticas de seguridad pública, informó que el pasado 1 de enero era la fecha límite para cumplir con esta orden y, hasta la fecha, “ninguna autoridad ha emitido comunicado alguno manifestando de qué forma se dio cumplimiento a dicha sentencia”.
La organización destacó que no solo es crucial determinar si el Gobierno federal se niega a cumplir con esta obligación, sino que también es de “extrema gravedad” que, en medio de la peor crisis de inseguridad del último siglo, no se haya construido una institución civil con procesos adecuados de selección, capacitación y profesionalización.
Causa en Común reiteró su respeto a las Fuerzas Armadas, pero argumentó que no están debidamente capacitadas para encargarse de responsabilidades de seguridad pública. Finalmente, cuestionó al titular de la Sedena, Luis Crescencio Sandoval, preguntándole si el Ejército está actualmente bajo el mando del lado de la ley, representada por la Suprema Corte.
La Guardia Nacional, que ahora cuenta con más de 127 mil elementos, fue creada en 2019 por el presidente López Obrador, quien inicialmente prometió mantenerla de carácter civil. No obstante, en 2022 envió una reforma legal para transferir su control al Ejército.
Desde su establecimiento, la Guardia Nacional ha recibido 14 recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por presuntas violaciones a las garantías de los ciudadanos. Además, diversas asociaciones civiles han denunciado actos de espionaje en contra de periodistas y activistas. Organizaciones de derechos humanos han señalado que la GN ha contribuido a la militarización del país sin lograr mejoras significativas en la seguridad, ya que persisten las tasas más altas de desapariciones y homicidios
