La Policía Nacional Civil (PNC) de El Salvador anunció hoy los resultados impactantes obtenidos durante los últimos 20 meses de implementación del régimen de excepción, una medida que ha permitido el arresto de 74,861 presuntos pandilleros y el decomiso de 3,559 armas en todo el país. La efectividad de esta iniciativa, aunque objeto de controversia por presuntas violaciones de derechos humanos según sectores opositores, ha logrado 238 días consecutivos libres de crímenes u homicidios desde el 1 de enero al 16 de diciembre de 2023, elevando a 508 los días libres de víctimas desde que asumió el gobierno el presidente Nayib Bukele el 27 de marzo de 2022.
Resultados de los decomisos
Las autoridades salvadoreñas informaron que, como parte de esta política, se han decomisado 6,889 vehículos, 18,824 teléfonos celulares y más de tres millones trescientos mil dólares en efectivo, según fuentes oficiales.
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Total de detenciones
Durante este período, se logró la detención de 1,201 cabecillas de pandillas, de los cuales 922 pertenecían a la Mara Salvatrucha y 279 a la Barrio 18 en sus dos facciones: sureños y revolucionarios. La mayoría de estos detenidos están recluidos en cárceles de alta seguridad, como el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) y los penales de Zacatecoluca e Izalco, ubicados en los departamentos de La Paz y Sonsonate, respectivamente.
Uno de los principales éxitos en la lucha contra las pandillas fue la captura en México de Carlos Antonio Pérez Nieto, alias «Lola City Paraíso» o «Diablito», uno de los 15 principales cabecillas a escala nacional, que lideraba la Ranfla Nacional. Su arresto contribuyó significativamente a debilitar la estructura jerárquica de las pandillas en el país.
Coordinación entre países vecinos
El gobierno salvadoreño también destacó la excelente coordinación lograda con los países vecinos de Centroamérica, así como con México y Estados Unidos, en el combate y captura de pandilleros y cabecillas que intentaron escapar de las medidas implementadas por el gobierno.
A pesar de la polémica generada en torno a las posibles violaciones de derechos humanos, las autoridades subrayan que estos resultados reflejan un avance significativo en la seguridad pública.
