En la jornada del martes 19 de diciembre, se llevó a cabo la primera reunión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, marcando también el inicio de las vacaciones para los legisladores mexicanos.
Los integrantes de este órgano legislativo, conformado por Diputados y Senadores, sostuvieron una sesión de apenas una hora con 4 minutos, dando así inicio a un receso vacacional que abarcará un periodo de 21 días.
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La Comisión Permanente del Congreso tiene previsto reanudar sus sesiones el 10 de enero de 2024. El cierre de la sesión estuvo impregnado de un mensaje festivo: «Felices fiestas a todas y todos. Un abrazo navideño», expresó la presidenta del Congreso, la priista Marcela Guerra.
En esta primera y última sesión del año de la Comisión Permanente, se evidenciaron ausencias de legisladores; de los 37 convocados, asistieron 29 diputados y senadores, mientras que 8 estuvieron ausentes.
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Durante la sesión, se presentaron un total de 8 iniciativas de reforma a la Constitución y a las leyes. Entre ellas, destacó la propuesta de la diputada Laura Ballesteros de Movimiento Ciudadano, que busca asegurar la independencia e imparcialidad de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
La iniciativa propone que la terna enviada por el presidente y rechazada por el Senado no pueda repetirse en una segunda ocasión, debiendo presentarse con nuevas personas propuestas.
Otra iniciativa, presentada por el priista Rubén Moreira, busca regular y transparentar la metodología de las casas encuestadoras participantes en el proceso electoral de 2024, asegurando que sus resultados no estén influenciados por quien las financia.
En tanto, el PAN propuso revivir el Fonden, según explicó el diputado Héctor Saúl Téllez, con el objetivo de incluir previsiones en los fondos de prevención y atención a desastres, así como crear un fondo destinado a la población rural afectada por contingencias climatológicas.
Finalmente, el vicecoordinador de Morena, diputado Leonel Godoy, planteó la ampliación de 4 a 5 el número de integrantes de la Sección Instructora, encargada de dictaminar las demandas de desafuero de servidores públicos, argumentando la necesidad de evitar empates y permitir que las decisiones sean tomadas exclusivamente con base en consideraciones jurídicas, sin tintes políticos.
