Resulta poco menos que inverosímil lo que estamos viendo. Un presidente de la República que anuncia que presentará una iniciativa de reforma constitucional para desaparecer varios órganos constitucionales autónomos, empezando por el que regula la transparencia, y terminando con los órganos reguladores de sector. Es decir, de un plumazo, quiere vulnerar la autonomía de las instituciones, impedir la transparencia gubernamental, y acabar con los entes que evitan que las grandes empresas abusen del público.
Si fuera otro tiempo, esto sería un escándalo de dimensiones bíblicas, pero como se trata del obradorato, ya no nos asombramos casi de nada. Todos los días no salen con un despropósito nuevo, con una ocurrencia sin pies ni cabeza, o con una torpeza descomunal. Y a ese ritmo no hay quien les siga el paso. Luego entonces, hemos ido perdiendo la capacidad de asombro, y vamos dejando hacer y dejando pasar. Pero no deberíamos acostumbrarnos a la destrucción y al retroceso continuos, deberíamos alzar la voz y poner un alto.
Pero volviendo a la iniciativa, resulta que quiere eliminar el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE). Esto solo puede explicarse a partir de un apetito feroz del presidente por concentrar poder, y de la incomodidad que le provoca la transparencia y la rendición de cuentas.
Por lo que hace al INAI, al tratarse del instituto que garantiza nuestro derecho a la información, y a la protección de nuestros datos personales, su eliminación solo acarrearía opacidad, esa opacidad que ha sido tan característica del actual gobierno que todo lo importante lo clasifica como reservado o confidencial, para que el público no pueda conocer cuánto están costando sus caprichosas obras insignia, o sus electoreros programas sociales, o los gastos de sus allegados, etc.
No, la labor que realiza el INAI no la puede suplir la Secretaría de la Función Pública, o la Auditoria Superior de la Federación (ASF), porque ambas están politizadas al depender del propio presidente la primera, y de la Cámara de Diputados la segunda, y aquí de lo que se trata es justamente de garantizar que haya transparencia, aunque eso le incomode a la clase política. Para eso es la autonomía constitucional, para que un órgano técnico, profesional e independiente (despolitizado), decida qué información ha de ventilarse públicamente, y cual es razonable mantener en reserva. Además, no haría sentido alguno que la Función Pública, o la ASF, se encargaran de proteger el otro derecho humano que salvaguarda el INAI que es el de la vida privada, es decir, vigilar que en todo registro o base de datos se proteja la identidad de los usuarios, tanto en el sector público, como en el privado.
El IFT por su parte, también cuida de un derecho humano, el del acceso a las telecomunicaciones, pero además de ser órgano garante, es órgano regulador del sector, es decir, tiene a su cargo otorgar o retirar concesiones para la operación de medios de comunicación (TV, radio, telefonía), y promueve la competitividad en el sector, garantizando igualdad de condiciones en la competencia económica. La independencia de este ente es fundamental para proteger nuestro derecho, y para cuidar que las grandes corporaciones no abusen de su poder económico.
Algo parecido ocurre con la COFECE que tiene a su cargo vigilar, promover y garantizar la libre competencia y concurrencia en el mercado mexicano, y combate y sanciona prácticas monopólicas en todos los sectores productivos (excepto en telecomunicaciones, ya que en este sector eso lo hace el IFT).
Mientras que la CRE es órgano regulador en materia de energía, enfocándose en el sector de la distribución de hidrocarburos y la electricidad, y se asegura de evitar abusos de las grandes empresas de energía -incluidas Pemex y CFE- contra los usuarios como usted y yo.
Precisamente por tratarse de entes que protegen determinados derechos humanos y regulan ciertos sectores económicos muy potentes, es que resulta conveniente dotarles de un entramado jurídico que los blinde de intereses políticos y económicos. De ahí la importancia de su autonomía. Poner estas responsabilidades en manos del presidente como ocurría hace décadas, solo nos regresará a aquella situación en la que los intereses mandaban (mucho más que ahora), pero además, solo favorecerá la concentración de poder y la opacidad, es decir, la corrupción autoritaria. En fin, la propuesta es de un cinismo inaudito.
