El Gobierno encabezado por Javier Milei ha determinado aplicar «consecuencias» ante las probables manifestaciones callejeras tras la implementación de medidas económicas rigurosas, cuyos primeros pasos se dieron a conocer el 12 de diciembre, apenas dos días después de la asunción del presidente en Argentina.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, afirmó durante una rueda de prensa que revelaba el nuevo protocolo para el mantenimiento del orden público frente a cortes de vías, que «si se toma la calle, va a haber consecuencias».
11:30H | Anuncio del protocolo de orden público https://t.co/1oiD8oAzxF
— Vocería Presidencial (@Voceria_Ar) December 14, 2023
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Según este protocolo, las fuerzas federales (Gendarmería, Prefectura Naval, Policía Federal y Policía de Seguridad Aeroportuaria) no tolerarán bloqueos de calles y carreteras ni obstrucciones a empresas como forma de protesta social o sindical.
Entre las medidas anunciadas se encuentran sanciones severas para aquellos que organicen o participen en cortes, el registro de organizaciones vinculadas, la prohibición de cubrir el rostro o llevar niños a las marchas, y la notificación a la Dirección de Migraciones en caso de participantes extranjeros con residencia temporal.
A pesar de que Patricia Bullrich, exministra de Seguridad en el gobierno de Mauricio Macri, perteneció a la coalición Juntos por el Cambio y se unió al gabinete de Milei tras respaldarlo en la última vuelta electoral, la seguridad ha sido un tema donde siempre ha compartido posturas con La Libertad Avanza (ultraderecha).
En este contexto, las palabras «orden» y «coraje» fueron fundamentales en la campaña de Bullrich junto al ministro de Defensa, Luis Petri. Bullrich afirmó que sin orden no hay libertad ni progreso, derogando así el «protocolo garantista de Nilda Garré», aludiendo a la exministra de Defensa y Seguridad con los peronistas Néstor Kirchner y Cristina Fernández.
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El escenario social y económico de Argentina es delicado, con cerca del 45% de la población en situación de pobreza y el gobierno de Javier Milei implementando medidas de ajuste en medio de una inflación del 160.9 por ciento interanual.
Partidos y movimientos de izquierda calificaron las medidas represivas como una «provocación» contraria al derecho constitucional de petición a las autoridades. Legisladores y referentes piqueteros consideran ilegal la amenaza de Bullrich y destacan el derecho a la protesta amparado por la Constitución.
Con las manifestaciones anunciadas para el 20 de diciembre, aniversario de las protestas de 2001, las cuales terminaron con la renuncia del presidente Fernando de la Rúa, el panorama se torna más significativo.
Con información de Agencias
