Por segunda vez, una juez federal ha instruido la cancelación de la orden de aprehensión emitida contra Francisco Javier García Cabeza de Vaca, ex Gobernador panista de Tamaulipas, acusado de delincuencia organizada y lavado de dinero. La Jueza Octavo de Distrito de Tamaulipas, Adriana Yolanda Vega Marroquín, otorgó el amparo al ex Mandatario, argumentando la falta de evidencia por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) para sostener las acusaciones en su contra.
Cancelan orden de aprehensión contra García Cabeza de Vaca
En su resolución, la juez Vega Marroquín acusó a la FGR de faltar al deber de lealtad al «sorprender» al juez de la causa con afirmaciones falsas sobre las operaciones bancarias relacionadas. Se destacó que las operaciones financieras fueron presentadas como sin razón aparente, ocultando la verdad sobre la compra y venta de un inmueble que generó los depósitos.
La juez instruyó la cancelación de la orden de aprehensión emitida en octubre de 2022, así como la reposición del procedimiento, indicando que no existen pruebas que respalden los cargos de delincuencia organizada y lavado de dinero contra García Cabeza de Vaca.
Fallo aún no es definitivo
A pesar de la decisión de la juez, el fallo aún no es definitivo, ya que la FGR tiene la opción de presentar un recurso de revisión. En caso de interponerse, un tribunal colegiado de Tamaulipas deberá tomar una decisión final sobre la situación legal del ex Gobernador, quien actualmente se encuentra en Estados Unidos.
La imputación contra García Cabeza de Vaca está relacionada con la adjudicación de contratos de obra durante su mandato y transacciones financieras vinculadas a la compra de un terreno y un departamento. La juez ha cuestionado la falta de fundamentos sólidos presentados por la FGR y ha destacado violaciones al principio de no juzgar a alguien dos veces por el mismo delito.
Este nuevo desarrollo resalta la complejidad y disputa legal en torno a las acusaciones contra García Cabeza de Vaca. Mientras la FGR busca respaldar sus imputaciones, los fallos judiciales continúan cuestionando la solidez de las pruebas presentadas, lo que subraya la importancia de un debido proceso y la presentación de evidencia concreta en casos de alto perfil como este.
Por: Patricio Álvarez.
