El docente Alberto Israel Jasso negó las acusaciones de abuso sexual en su contra y denunció fallas e inequidades en el sistema de justicia antes de quitarse la vida.
Un profesor del Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México (IEMS), identificado como Alberto Israel Jasso Cruz, fue hallado muerto el pasado 21 de julio tras la difusión de un video grabado por él mismo donde explicó los motivos de su suicidio. El deceso del docente, quien contaba con 25 años de trayectoria en la institución y casi una década de labor en planteles del Estado de México, ocurrió una semana después de que una alumna presentara una denuncia en su contra por presunto abuso sexual. En su mensaje de despedida, Jasso Cruz negó categóricamente las acusaciones, argumentando que la situación destruía su vida y señalando la falta de presunción de inocencia e inequidad en los procesos judiciales.
En la grabación previa a su fallecimiento, el profesor declaró que su decisión constituía una protesta contra la corrupción en el sistema judicial y advirtió sobre las consecuencias sociales y económicas que enfrentan los acusados en este tipo de procesos. Jasso Cruz relató que a lo largo de su carrera algunas estudiantes llegaron a hacer comentarios sobre denuncias como medida para aprobar la materia, por lo que exhortó al gremio magisterial a mantener distancia con el alumnado. Asimismo, hizo un llamado a concientizar sobre el impacto de las denuncias sin sustento y los costos derivados de la defensa legal y la prisión preventiva.
Posterior a los hechos, el Sindicato de la Unión de Trabajadores del IEMS emitió un comunicado para exigir una investigación administrativa que deslinde responsabilidades entre las autoridades que procesaron la denuncia. El gremio sindical subrayó la necesidad de garantizar una presunción de inocencia efectiva en las investigaciones del sistema de justicia, asegurando tanto el derecho a la defensa del imputado como la protección y escucha de las víctimas que presentan denuncias.
La postura fijada por el sindicato y las declaraciones dejadas por el docente abrieron el debate institucional sobre la aplicación de los protocolos ante denuncias en recintos educativos y el rigor en las garantías procesales dentro del sistema de justicia.
